Estado de México: dos alertas de género y los cambios apenas se ven Estado de México: dos alertas de género y los cambios apenas se ven

Por Itxaro Arteta

Ilustraciones de Jessica Bolaños

Videos de Gloria Hernández

Estado de México 2019 2020 2021
Feminicidios 122 151 143
Homicidios dolosos 318 234
Cifra negra de feminicidios
Presupuesto destinado a género
Procuraduría de Justicia con Perspectiva de Género, los Centro de Justicia para Mujeres y las Unidades de Género $233.257.209,40 $225.765.206,40 $207.041.983,60
Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar/ Secretaría de Mujeres $85,237,101 $77,732,388 $753,844,710
Presupuesto que la Procuraduría de Justicia con Perspectiva de Género, los Centro de Justicia para Mujeres y las Unidades de Género reportaron que han gastado $218.668.611,80 $239.861.314,24 $207.040.733,77
Centro de Justicia para las mujeres 4 centros
Alerta de Violencia de género 2015 por violencia feminicida en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli
2019 por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres

Las autoridades del Estado de México han cometido tantos errores en casos como el de la desaparición de Daniela Mabel Sánchez Curiel y la de Ana Yeni García Rodríguez, que sus familias están en espera de una disculpa pública. Desde julio de 2022 se las prometieron, según la madre de Daniela, aunque siguen sin concretarles la fecha. Pero aun con ese acto, las investigaciones siguen abiertas y sus seres queridos, buscando respuestas.

Dani desapareció en marzo de 2015 en Tlalnepantla cuando había regresado temporalmente a vivir con su expareja. Ana Yeni, en marzo de 2021 en Temoaya, a donde había ido a trabajar, y aunque ese mismo día su cuerpo fue encontrado atropellado, sufrió una desaparición de Estado porque por error lo enviaron a una fosa común y su familia no supo que había muerto hasta tres meses después.

Entre un caso y otro pasaron seis años y la declaratoria de dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), una por feminicidios en 2015 y otra por desaparición de mujeres en 2019. Sin embargo, la familia de Ana Yeni tuvo que recurrir al colectivo que creó la de Daniela para saber cómo y por donde buscar atención y justicia, ya que sin el apoyo de organizaciones sociales, aseguran, la actuación oficial sigue siendo deficiente.

En 2022, las Alertas de Género del Edomex tienen asignado un presupuesto de 260 millones de pesos que se distribuyen entre los 7 municipios con este mecanismo por desaparición (Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco Solidaridad), los 11 por feminicidio (los anteriores más Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán), e instituciones estatales como la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM), entre otras.

Sin embargo, para casos como el de Daniela y Ana Yeni, la situación sigue sin mejorar.

Activismo que nació del vacío que deja una hija

A Daniela Mabel se le estaba abriendo el mundo a los 19 años. Muy joven había quedado embarazada de su novio de la prepa, así que se fue a vivir con él a casa de sus padres, en Tlalnepantla. Pero cuando su hijo ya tenía dos años, ella empezó a trabajar y todo cambió. Hizo amigas, empezó a querer salir más, a pensar que debía retomar sus estudios, y también a darse cuenta de que su relación no estaba bien: él era violento y controlador, le quitaba todo el tiempo el teléfono e incluso llegó a no dejarla ir a su empleo porque no le gustaba que saliera, a pesar de que él mismo no aportaba a la casa.

Hasta que ella regresó a vivir con su mamá. El problema era que todos los días tenía que hacer un trayecto de más de una hora, así que después de unos meses, volvió a casa de él en lo que encontraba otra opción para vivir cerca del trabajo. Pasó ahí tan solo 22 días.

Laura Curiel es la madre de Daniela Sánchez Curiel. Recuerda la última llamada con su hija. Estaba preocupada porque le contó que como ya había decidido volver a irse, su expareja se salió de la casa con el niño y, a pesar de la lluvia y de que era media noche, no había regresado. Quedaron en que al día siguiente hablarían para resolver su situación. Pero ya no volvieron a entrar las llamadas ni mensajes al teléfono de Dani. Ahí supo que algo había pasado y tenía que empezar a buscarla.

La desaparición

Pero las autoridades le fallaron desde ese día. Cuando quiso denunciar su desaparición en el Ministerio Público, le dijeron que debían pasar 24 horas, en contra de los estándares internacionales de actuación en estos casos. Cuando volvió a intentarlo, la acompañó la expareja de Dani y el MP que los atendió decidió que él tenía que quedar como denunciante, a pesar de que ella consideraba que debía ser visto como sospechoso. Así que, durante un tiempo, él tuvo el acceso a la carpeta de investigación que a ella, su madre, le negaban, hasta que fue evidente que estaba aprovechando esa información para amedrentar a las personas que eran entrevistadas como parte de las indagatorias.

Además, él declaró que Dani se había ido con otro hombre y los oficiales decidieron tomar por buena esa primera teoría: le decían a su madre que era joven, que querría vivir su vida y en todo caso ya se pondría en contacto por su hijo, al que al menos Laura pudo mantener bajo su cuidado.

Durante casi un mes, Laura iba todos los días a ver qué avances había, pero se topaba con pared: que el policía de investigación trabajaba por turnos y no le tocaba volver a ir hasta dos días después, que la carpeta se había mandado a otra oficina del municipio, que ahí tampoco era, que más bien ella les dijera qué había logrado averiguar… Nadie hizo nada para buscar a Daniela durante todos esos días.

Laura dice que pasó un año como perdida. Entre el shock de la desaparición de su hija y que nadie está preparada para saber qué hacer ante un delito y menos si la respuesta oficial es el desinterés. Hasta que un día alguien que trabajaba en una asociación civil le recomendó ir a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a intentar denunciar porque a nivel local incluso había recibido maltratos y que le dijeran que estaba loca. La primera vez, dice, no le hicieron caso, pero la segunda, le preguntaron si venía con alguna asociación y entonces sí le prestaron atención.

Ahí se dio cuenta de que eso era lo que necesitaba. También vio que otras mujeres iban en grupos y se acercó a preguntarles cómo se organizaban. Empezó a conocer colectivos de otros estados del país y organizaciones de derechos humanos. Vio que las otras mujeres hablaban muy bien sobre sus casos y se metió a cada taller que pudo de esas asociaciones para “aprender” a leer las leyes, enterarse de qué instituciones de gobierno tenían que involucrarse y qué debía hacer cada una, así como conocer sus derechos. A la distancia, dice que incluso aprendió qué es la violencia de género y así reconoció que eso era lo que había vivido su hija.

Le costaba, pero ella seguía yendo, leyendo, pidiendo que le explicaran. Hasta que sintió que por fin estaba entendiendo y que ya sabía qué pedir sobre la investigación de su hija.

Agrupadas siete mujeres decidieron crear el colectivo Alondras, que poco a poco ha ido evolucionando y ahora es la «Asociación Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia». Asociación conformada por más de 40 mujeres, tan solo del Estado de México, y 130 más en distintas entidades.

Más instituciones y presupuesto, pero más atomización de labores y denuncias

Mientras seguía exigiendo una investigación adecuada para su hija, Laura se involucró con el colectivo en la redacción de la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares y luego en la solicitud de la Alerta de Género por Desaparición, que finalmente se decretó en 2019. En estos siete años, ha visto transformarse las estructuras institucionales del Edomex. Y sin embargo, dice que no se ve que las cosas pasen del papel a la realidad, mientras Daniela sigue sin ser encontrada.

“Yo sigo viendo que en el caso de mi hija pues siguen con nula atención, nula coordinación. Ya existe la Comisión de Búsqueda de Personas, entonces aquí pues ya es doble trabajo, ¿no? Ahora no solo tengo que ir detrás de Fiscalía, ahora tengo que ir detrás de Comisión de Búsqueda, detrás de ellos para que me creen un plan de búsqueda. Porque aunque yo tengo miles de sospechas, nadie la busca más que yo”, lamenta.

El presupuesto para las Alertas de Género pasó de ser de 30 millones de pesos cuando solo era una, a 185 millones en 2020, ya con las dos, y subió otro 33% hasta los 246 millones actuales, según el gobernador Alfredo del Mazo.

Aunque más allá de las Alertas, la Fiscalía destina apenas un 5% de sus recursos a mecanismos para la investigación de delitos contra las mujeres: la Procuraduría de Justicia con Perspectiva de Género, los Centros de Justicia para Mujeres y las Unidades de Género erogaron en 2021 solo 207 millones, de los 4 mil 916 que tuvo en total la dependencia.

Mientras tanto, las estadísticas colocan al Estado de México a la cabeza de casi todos los delitos contra las mujeres que se denuncian, si bien es la entidad más poblada del país, donde viven 8.7 millones de mujeres. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, hasta junio, en números totales el Edomex es donde este año se han abierto más carpetas de investigación por feminicidio (76, aunque si se suman los 120 homicidios dolosos lo supera solo Guanajuato), lesiones (2,334), secuestro (15), extorsión (710), trata de personas (102), violación (1,864) y violencia de género distinta a la familiar (1,291). En violencia familiar está en segundo lugar (13,643 carpetas), solo por debajo de la Ciudad de México.

La abogada Arely Varela, de la asociación «Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos», considera que en esas cifras hay dos aspectos que pueden ser buena señal: uno es que ya se están investigando como feminicidio buena parte de los asesinatos de mujeres, cuando las Fiscalías del país han seguido tipificando la mayoría como homicidio; y por otro lado, cree que el aumento en denuncias muestra posiblemente una mayor confianza de las mujeres en ir ante las autoridades cuando son víctimas de un delito.

No obstante, lamenta que los avances se vean poco a poco y es tajante en que los aumentos de presupuesto no se han notado.

Se han creado oficinas que sí han mejorado en la atención a las mujeres, como los Centros Naranjas, donde ya se da asesoría jurídica con perspectiva de género, pero las víctimas no siempre llegan ahí directamente o a la Comisión de Búsqueda. Pese a que uno de los ejes de las Alertas han sido las capacitaciones a servidores públicos, Varela dice que hay constantes rotaciones de personal y que muchas veces con quien se hace el primer contacto no da la información adecuada.

“El problema sigue existiendo en el primer respondiente, en la primera autoridad a la que una víctima acude y le dice: no, no la puedes presentar (la denuncia de desaparición), no es de esta manera, te tienes que esperar 72 horas... Algo que, de verdad, pues ya es muy básico, ¿no? Creo que las fallas, al menos en la Alerta de Género, ahorita son más en el tema de Fiscalía y de primeros respondientes, que de búsqueda”, explica.

Laura reclama que no hay voluntad de hacer las cosas bien desde el principio.

“Yo en repetidas ocasiones a la Fiscal central de Género (Dilcya García) le he dicho: oye, pero por qué si yo me siento con las familias, al teléfono, cuando las veo en persona, llevo mi libretita y ya sé lo que tienen que hacer, ¿por qué tus MP no lo hacen?, ¿por qué no se ponen a platicar con las personas: a ver señora, qué pasó, es que lo que tenemos que hacer es esto, esto, esto?”, se queja.

Esa falta de coordinación y recibir información incompleta fue justo lo que le tocó vivir a la familia de Ana Yeni ya en 2021, con las dos Alertas operando y el mayor presupuesto de su historia.

Ana Yeni: desaparecer dos veces

Ana Yeni García Rodríguez era “muy movida”, la recuerda su esposo, Armando Moreno, siempre dispuesta a trabajar en lo que se pudiera para traer dinero a la casa que con esfuerzo construyó con él y sus tres hijos. Por eso, el sábado 27 de marzo salió de ahí, en Toluca, para ir a trabajar unas horas a Temoaya, unos 40 minutos al norte.

A las 4:30 de la tarde su mamá habló con ella por última vez. Como a las 7, su marido empezó a preocuparse porque ya era hora de que hubiera regresado y no contestaba el teléfono. Entonces sus hermanas investigaron qué hacer para reportar su desaparición. Hablaron a Locatel y quien atendió les dijo que tenían que esperar 24 horas para poder denunciar, a pesar de que los protocolos de búsqueda ya especifican que no hace falta dejar pasar ni un minuto a partir de que se pierde contacto con una persona porque las primeras horas son vitales para encontrarla con vida.

Cuando ya acudieron a la Fiscalía, sí les tomaron la denuncia, pero no activaron el protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda que empezó a usarse en 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la ola de feminicidios, y que debería detonar acciones inmediatas para tratar de localizar a una persona.

Por el contrario, les dijeron que ellas como familias fueran a investigar el último lugar donde podía haber estado Ana Yeni y si había cámaras, a preguntar en lugares como hospitales, el Servicio Médico Forense (Semefo) o hasta en Ministerios Públicos por si había sido detenida. Pero tampoco les informaron que existía una institución dedicada específicamente a eso, la Comisión de Búsqueda.

Una amiga le recomendó a su hermana, Alejandra García, buscar al colectivo «Mariposas» y a Laura Curiel, y fue ella quien la llevó a la Cobupem, donde les explicaron, por ejemplo, que había que pedirle a la Fiscalía que sacara los registros de llamadas del teléfono.

Negligencia ante la desaparición

La tragedia de la familia García Ramírez fue que en el Semefo les dijeron que la misma noche de la desaparición de Ana Yeni había llegado el cuerpo de una mujer, pero que estaba irreconocible porque había sido atropellada, les dijeron que no coincidía la ropa y luego ni siquiera los dejaron verla porque supuestamente ya la había reclamado otra familia.

Pasaron casi tres meses buscando, hasta que les avisaron que había habido un error, que ese cuerpo se quedó ahí y fue enviado a una fosa común, y apenas, gracias a que los padres de Ana Yeni dejaron muestras de ADN, se habían dado cuenta de que sí era ella. Es decir, la mantuvieron desaparecida por error.

“O sea, por negligencias de Semefo pasamos mucho más tiempo en angustia, de saber dónde estaba ella y qué es lo que había pasado”, dice Alejandra.

Entre los trámites para exhumarla y una nueva confusión sobre en qué fosa estaba exactamente, pasó más de un año. Apenas en abril de 2022 pudieron despedirla como hubieran querido, enterrarla en un panteón, en una tumba para ella, junto a otros miembros de la familia, a donde ahora sus hijos pueden llevarle flores.

En medio del dolor, Alejandra cuenta que tuvieron que dar otra batalla: al identificar el cuerpo, la Fiscalía pretendía cerrar el caso por desaparición y que quedara únicamente como un incidente de tránsito. La familia tuvo que pelear porque se revisaran bien los indicios que había y que se investigara a fondo ese atropellamiento para aclarar si realmente fue un accidente.

Una disculpa, pero con justicia pendiente

El caso de Daniela Mabel Sánchez Curiel fue retomado por «Amnistía Internacional» junto con otros tres para el informe “Juicio a la Justicia” sobre deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, a partir del cual, lanzó en septiembre de 2021 la campaña #HastaSerEscuchadas para exigir que las autoridades reconozcan públicamente sus errores y reparen el daño.

El estudio señala carencias como que el Edomex es la entidad con el menor tasa de agencias del Ministerio Público, apenas 1 por cada 100 mil habitantes, y que por ello hay una sobrecarga de trabajo: agentes de la Fiscalía Especializada de Feminicidios llevan hasta 70 carpetas de investigación, cuando no deberían ser más de 20, y en la Fiscalía de Desapariciones tienen asignados entre 100 y 200 casos cada agente, que aunque muchos se resuelven cuando la persona reaparece pronto, es mucho más de lo que pueden asumir para hacer un buen trabajo.

Gracias a la campaña de Amnistía, la Fiscalía reconoció que le había fallado a familias que perdieron a una integrante, por feminicidio o desaparición, y que merecían una disculpa pública. Sin embargo, ellas todavía esperan mucho más que eso. Esperan investigaciones serias que les den respuestas concluyentes.

“Esta campaña ha servido mucho, al menos para el caso de mi hija, porque cosas que no se hicieron hace siete años, se están haciendo”, comenta Laura, que considera que solo con visibilidad y apoyo de organizaciones las autoridades se sienten presionadas a investigar.

Mientras Alejandra, la hermana de Ana Yeni, también exige resultados. Al menos ya tienen la tranquilidad de una tumba a la cual llevarle flores, pero no piensan descansar hasta que cada cabo suelto se aclare.

“Ya es más de un año y todavía no tenemos respuesta. Creo que por parte de todos los familiares es lo único que queremos saber: ¿qué es lo que pasó?”.