Por Andrea Menchaca
Ilustraciones de Jessica Bolaños
Liliana vivió la mayoría de las escalas de violencia que indica el violentómetro. Fue acosada, amenazada, la privaron de su libertad, la violaron y, por si eso no fuera suficiente, arrojaron su cuerpo inconsciente en un lote baldío donde le prendieron fuego. A Liliana la querían muerta. Pero ella sobrevivió. Es de las pocas sobrevivientes de feminicidio que ahora se enfrenta a la impunidad que existe en el estado de Nuevo León.
Liliana Torres se encuentra en el camino de la sanación, pero también en el de la búsqueda de justicia. En marzo de este 2022 la quemaron en un lote baldío en Guadalupe, uno de los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Permaneció dos meses en el Hospital Universitario ya que sufrió graves quemaduras en su espalda, pecho, cuello y cara, además de daños en su garganta y pulmones.
Liliana cuenta que estaba inconsciente cuando la quemaron. Lo único que recuerda es que despertó rodeada de fuego. Una pareja la auxilió y después perdió el conocimiento de nuevo.
“Duré casi un mes en terapia intensiva. A mí me habían dado 24 horas de vida”, relata la joven, quien recién cumplió 24 años.
Durante la hospitalización estuvo intubada, solo podía comer alimentos licuados. Sufrió un dolor insoportable y tardó más de un mes en poder hablar. La denuncia está por intento de feminicidio; sin embargo, dice que sus agresores no solo intentaron matarla, antes también la habían acosado, amenazado, privado de su libertad y violado.
Liliana los identifica puesto que a uno de ellos le había rentado un cuarto en el Municipio de Salinas Victoria. Antes de llegar ahí vivía con su hermano, pero cuando él se fue de Nuevo León buscó un lugar con una renta que pudiera pagar sola, ya que su sueldo lo tenía que dividir entre ese gasto y el dinero que enviaba cada mes a sus cuatro hijos, quienes vivían con su abuela paterna.
“Yo ahí rentaba, pero ese señor se obsesionó conmigo y yo supe unas cosas, que a ellos los acusaban de un crimen de dos jóvenes y pues ya no me dejaron salir ni nada. Mi mamá y mi esposo me buscaron porque ya no sabían nada de mí y yo creo que por eso también me hicieron esto (quemarla), porque mi mamá me había empezado a buscar”.
En Nuevo León, 59% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos algún episodio de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en comparación con la media nacional que es de 66%, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.
Nuevo León | 2019 | 2020 | 2021 |
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Feminicidios | 67 | 67 | 66 |
Homicidios dolosos | 36 | 35 | |
Cifra negra de feminicidios | |||
Presupuesto destinado a género | |||
Instituto Estatal de Mujeres | $90,135,594 | $100,852,358 | $89,171,804 |
Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer | Se solictió la información, pero no se proporcionó el presupuesto desglosado | ||
Presupuesto que las autoridades reportaron que han gastado | |||
Centro de Justicia para las mujeres | 1 centro | ||
Alerta de Violencia de género | 2016 en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. |
Las mujeres de la entidad apuntan que dentro de los tres delitos más frecuentes que experimentan, en el segundo lugar se encuentran los delitos que incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación sexual, con un relativo de 14.9% según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.
Liliana teme que le hagan algo más a ella o a su familia, sobre todo después de haber ampliado su denuncia; por esta razón pidió protección al Gobierno de Nuevo León. Sin embargo su defensa señala que la respuesta llegó 15 días después de haberla solicitado, cuando ella ya se había ido del estado buscando seguridad.
“Yo tenía miedo por mis hijos más que nada porque no teníamos protección. Le dije a mi esposo que tenía miedo. La verdad soñaba muy feo, me ponía a llorar en las noches y no podía dormir. Y ahorita, en donde me mudé, batallo para dormir cuando tengo dolor pero he estado durmiendo mejor”.
Liliana asegura que lo que perdió al irse del estado de Nuevo León fue el apoyo de la gente, quienes asegura que le ayudaron mucho más que las instituciones, dándole un aire acondicionado para su habitación, despensas, ropa, medicamento y otras cosas que necesitaba para su recuperación.
Cuando tenía un mes hospitalizada y su caso aún no había sido compartido en redes sociales, Sandra Cardona, integrante de «Voces Mujeres en Acción», se enteró de lo que le había pasado a Liliana porque un YouTuber quería exponer el caso. La defensora les recomendó no exhibirlo, ya que se trataba de un intento de feminicidio.
Tanto Sandra Cardona, como la Fiscalía de Nuevo León, advirtieron por separado a Liliana y a su familia que era mejor que nadie supiera del caso, ya que para sus atacantes ella estaba muerta. Sacar a la luz que había sobrevivido al intento de quemarla viva la podría poner en peligro.
Liliana se acercó a instituciones como la Secretaría de las Mujeres, que le ofreció acompañamiento psicológico a domicilio. También recibió apoyo psicológico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que también le brindó apoyo legal, hasta el 28 de junio, fecha en la que un despacho privado tomó su caso pro bono. El DIF Nuevo León la apoyó en una ocasión con una cama, pañales, leche y despensa.
“Estamos en un Nuevo León feminicida donde las personas quedan impunes. Es muy fuerte lo que está pasando”, señala Cardona, de «Voces Mujeres en Acción».
Nuevo León tiene una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida activa en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey desde el 18 de noviembre de 2018.
Desde el 26 de julio, este equipo de investigación solicitó una entrevista con la titular de la Secretaría de las Mujeres, Graciela Buchanan; su enlace con prensa pidió las preguntas que se harían y éstas fueron enviadas vía correo electrónico. El lunes 1 de agosto, la dependencia se limitó a contestar, por medio de un mensaje de Whatsapp, que a Liliana se le brindó acompañamiento psicológico a domicilio y que desde el 14 de julio hasta la fecha se les informó que se fue a otro estado y que no responden las llamadas ni ella ni su pareja. Cuando se le preguntó al enlace con prensa si contestarían las preguntas la respuesta fue:
“Ese es el seguimiento del caso. Lo que podría compartir es sobre los proyectos que se tienen y la visión de la Titular desde la Cero Tolerancia a la Violencia. Todas las acciones que se están trabajando”.
Da a conocer su historia
En junio Liliana decidió compartir su historia en un video en Facebook, orillada por su situación económica, ya que su esposo tuvo que dejar de trabajar para cuidarla desde que estaba en el hospital y necesitaban dinero para su tratamiento y para la manutención de sus hijos.
“En la Fiscalía me regañan y me dicen que por qué subí el video, que qué fin tenía el video, que qué quería. Les dije: es que nadie me ayudó, ni el DIF, ni en el Instituto de la Mujer, nadie y son unos gastos muy caros, muy enormes para mi esposo y ya no puede, ya no tiene dinero, ya no puede trabajar”.
No es el único caso en el que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León pide a las víctimas no comentar públicamente sobre su caso, particularmente después del caso de Debanhi Escobar, la joven que en abril de 2022 desapareció y días después fue hallada muerta en una cisterna de un motel, en Nuevo León.
Carola Rodríguez, activista que desde hace siete años lucha por los derechos de los niños y las pensiones alimenticias a través de su plataforma «Tremendas Madres», critica que la Fiscalía haya dicho que Liliana cambiaba su versión, cuando ella tiene derecho a ampliar sus denuncias.
Y es que el 21 de junio, después de que Liliana dio a conocer su caso en Facebook, la Fiscalía estatal publicó un comunicado donde indican que su caso se encuentra registrado y es investigado desde el 26 de marzo, pero también hace un contraste de sus declaraciones.
“En su declaración oficial, la víctima refiere haberse lesionado por encontrarse en un predio que se incendió, siendo auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y testigos de los hechos, esto en Guadalupe, Nuevo León. Posterior a ello, fue atendida por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para su recuperación, siendo apoyada también por la Secretaría de las Mujeres”, indica el comunicado.
“Hemos tenido conocimiento por medio de redes sociales de una nueva versión de los hechos, que indica privación de la libertad, ataque sexual y agresión física. En este momento se está atendiendo a la víctima en cuanto a su salud física, mental y sus nuevas declaraciones. Daremos seguimiento a este caso, como en todos los casos que refieren violencia de género”.
En respuesta a esta publicación en Facebook, el 22 de junio Liliana escribió en los comentarios:
“Estuve 2 semanas en terapia intensiva. Quiero que me expliquen ustedes, como Fiscalía, cómo dicen que declaré estando entubada y con daños pulmones. De dónde sacaron tal declaración o esos “hechos” que hasta ayer me tomaron declaración y casualmente salen versiones de un supuesto “accidente” que como todos los casos los quieren manejar así. Sii ustedes dicen que es una declaración que yo hice, ustedes incurren en un delito al asegurar que yo dije tal barbaridad, cuando yo duré un mes sin poder hablar. Es una pena que como Fiscalía salgan a publicar que yo cambié la versión y lógicamente no espero apoyo de ustedes porque lamentablemente no la tendré. Sigan protegiendo a los feminicidas” (sic).
Además, añadió dos fotografías mostrando cómo tuvo que esperar en una silla de ruedas esperando a que le tomaran la declaración y escribió:
“Y ojalá y también mencionaran que me tuvieron sentada horas esperando cuando yo les dije que no estaba en condiciones de acudir y aún así ustedes mandaron vehículo para llevarme a declarar pudiendo esto haber sido en videollamada. Así estuve cinco horas hasta que decidieron tomarme la declaración. No confío en una Fiscalía la cual pone en tela de duda a las víctimas”.
La defensora de Liliana explicó que en casos como el de ella, donde se ha sufrido un trauma emocional y físico, se suele perder la noción del tiempo y los recuerdos se van aclarando conforme van recuperándose.
“Había una declaración que le leyeron y la hicieron firmar cuando ella estaba en el hospital y no sabía ni cuánto era dos más dos. Estando sola, sin un pariente, ni un abogado presente”, declaró su abogada.
El abogado Gustavo García explicó que actualmente el caso está en etapa de investigación, bajo responsabilidad de la Fiscalía estatal. “Ya que esté bien integrada la carpeta de investigación, se solicita una audiencia de vinculación y ahora sí que de manera judicial se continúe con las etapas del proceso penal contra quien resulte responsable”.
Rodríguez ve como una ventaja que una oficina privada lleve ahora el caso de Liliana, dándole seguimiento puntual ya que de otro modo las víctimas sufren la forma en que trabaja el aparato de justicia.
“Lamentablemente nuestro sistema es así. Por eso mucha gente que no tiene recursos se dejan ir con la Defensoría que hay, que tenemos derecho, pero cuando ya tienes asesores privados nuestra responsabilidad es estar encima de la Fiscalía: ¿ya hiciste eso?; sácame la cita para el siguiente paso que es, por ejemplo, el examen psicológico; ¿ya tienes el dictamen médico? Bueno también inclúyelo. Ciertas cosas que se les pueden pasar a ellos”.
A pesar de la grave situación de violencia de género que se vive en Nuevo León, el panorama para las instituciones que pudieran favorecer con su trabajo en revertir esta realidad no es alentador en relación al presupuesto asignado ni tampoco en su postura respecto a la transparencia y rendición de cuentas.
La Fiscalía General del Estado de Nuevo León, a pesar de ser de las fiscalías que más confianza genera en la ciudadanía, ha fallado, por lo menos en 2018, en entregar su información presupuestaria al INEGI. En los años siguientes su presupuesto se ha mantenido constante y a pesar de que no existe información clara del presupuesto ejercido en el 2021, para el paquete fiscal de 2022, Samuel García, gobernador de Nuevo León recortó el presupuesto de la Fiscalía General para destinarlo a las secretarías de movilidad, mujer y cultura.
La Fiscalía originalmente pedía para el 2022 un aumento de 24% debido a la inflación y para implementar un nuevo modelo de investigación y contratar más personal; sin embargo, se les otorgó 25% menos de lo que pidieron con el aumento, dejando el presupuesto prácticamente igual, con 3 mil 597 millones de pesos.
En cuanto al presupuesto de la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer, un organismo autónomo, que en teoría, debido a la AVGM presente en el estado y con la creciente violencia de las cuales son víctimas las mujeres de Nuevo León ha recibido más recursos, dicha información no es pública a partir de 2019 hasta la fecha. MCCI solicitó el presupuesto desglosado de la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer, pero la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León estableció que no es factible proporcionar la información solicitada.
Esto presenta varias problemáticas, en primera por la falta de transparencia de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, estado que hasta agosto 2022 acumula un total de 62 feminicidios, siendo la segunda entidad con más casos durante el año, pero en tasa, Nuevo León ocupa el primer lugar en el índice de feminicidios, con una tasa de 2.15 casos por cada 100 mil mujeres.
Por su parte, el Instituto Estatal de Mujeres de Nuevo León, dependencia que promueve políticas públicas que ayuden a la no discriminación, erradidar la violencia de género y a hacer cumplir todos los derechos humanos y políticos de las mujeres, mantuvo ingresos constantes hasta 2021 cuando hubo un decremento del 10% de sus ingresos.
Continúa a pesar de las adversidades
Liliana dice que varias personas le han dicho que las autoridades no van a hacer nada, que no se desgaste. Incluso por un momento, cuando ya estaba tranquila, pensó en dedicarse solamente en su recuperación porque ya no quería estar atormentada. Cambió de parecer cuando comenzó a recibir solicitudes de amistad en Facebook de cuentas sospechosas, que no tienen foto de perfil, y mensajes preguntándole dónde estaba, lo que la inquietó.
“Yo ya no quiero estar así, ya le dije a mi esposo que quería seguir porque es incómodo, no es vivir en paz”, expresa.
En julio Liliana viajó a Monterrey para que le realizaran un examen psicológico en el Centro de Justicia para la Mujer (Cejum). Dice que la pasó muy mal por el trato insensible que le dieron al hacerla sentir que mentía cuando respondía sus preguntas.
“La verdad sí se portó una psicóloga muy prepotente conmigo. Cuando fui a hablar con mi esposo, porque le dije que me dieran un tiempo para platicar con él, le dije que se estaban portando muy mal conmigo y me dijo que ya faltaba poquito, que regresara, que hablara y me aguantara”, relata.
“Le dije a la psicóloga: disculpenme si creen que estoy mintiendo, es decisión de ustedes si me creen o no, pero creo que no es justo que me estén tratando así, ya sufrí bastante en el hospital para otra vez sufrir aquí. Ya como que se sintieron y me trataron un poquito mejor”.
Rodríguez también critica que las autoridades hagan sentir mal a Liliana sobre cómo vivía, cuando lo único que debe importar es que es un ser humano que vivió una tragedia y es una sobreviviente. Recuerda el caso de Debanhi Escobar, donde filtraron videos e información que propició que mediática y socialmente se juzgara su comportamiento.
“No importa lo que hagas en tu vida, nadie tiene derecho a que te quiten la vida”.
Considera que Liliana se quedó para hacer justicia, a diferencia de tantas otras víctimas de violencia, como Debanhi y Luz Raquel Padilla, la mujer que murió quemada en julio en Zapopan, Jalisco, casos en los que ocurrieron muchas irregularidades por parte de las autoridades estatales.
“El problema no nada más es la Fiscalía de Nuevo León, a nivel nacional la Fiscalía no hace lo que conlleva. No sé si no están capacitados, si son incompetentes, si no tienen realmente ellos la facultad o el estudio, uno para ser empáticos y dos para ejercer correctamente las leyes. ¿Cuántas denuncias tenemos nosotros aquí? Por eso les damos seguimiento porque cuando van (las víctimas) normalmente no les hacen caso, entonces te vuelven a golpear”.
Desde el 26 de julio se ha solicitado a la Fiscalía de Nuevo León, a través de su enlace de prensa, una entrevista o información sobre el caso, pero no ha habido respuesta.
Mientras avanza el caso, Liliana sigue con su tratamiento médico, esperando que puedan hacerle algunas cirugías en su piel que le permitan mejorar el estado su cuello, la movilidad de su brazo izquierdo y recuperar su postura.
“Se supera, pero pues nada se olvida y ahorita estoy superando cada parte que me pasó. Le doy gracias a Dios porque él es el que me está ayudando más a pasar todo esto”, expresa Liliana.