Debido a la naturaleza de las reformas como discursos, el concepto de voluntad política aparece como un elemento central para asegurar su efectividad, especialmente en las reformas anticorrupción. En diversos análisis se destaca la importancia de que los políticos muestren voluntad política para implementar acciones para combatir la corrupción, sobre todo cuando deben hacerlo en contextos de corrupción sistémica. En este sentido, países como Singapur son modelos que seguir, puesto que demuestran justamente como un liderazgo sólido que esté dispuesto a impulsar el cambio en todo el sistema es clave para implementar políticas anticorrupción de manera exitosa (Quah, 2009; 2015).
No obstante, la voluntad política es un concepto resbaladizo, debido no solo a que es ambiguo, sino que también puede ser difícil de medir y observar en la realidad (Fritzen, 2005). De ese modo, surgen preguntas como: ¿de qué manera puede asegurarse que un político en verdad demuestra voluntad para emprender políticas con múltiples intereses opuestos? ¿la voluntad debe materializarse o es suficiente con que se exprese en discursos? ¿qué hacer cuando se tiene voluntad, pero no capacidad? Estas preguntas dan pie a un análisis interesante sobre un elemento que presume ser fundamental para promover la efectividad de políticas anticorrupción, al mismo tiempo que permite reflexionar sobre si un gobernante en verdad tiene voluntad para actuar o tan solo es parte de un discurso político y demagógico.
De esta manera, resulta enriquecedor tratar de evaluar si un gobernante en verdad posee voluntad política para actuar, sobre todo si este ha utilizado el discurso sobre los esfuerzos anticorrupción a lo largo de su mandato. Como es bien sabido, Andrés Manuel López Obrador ha hecho del combate a la corrupción una de sus banderas, señalando la importancia para él y su partido para erradicarla. Desde su primer discurso como ganador de las selecciones en julio de 2018, AMLO estableció la importancia que implicaba para su gobierno este problema público (Redacción Animal Político, 2018). De este modo, podría afirmarse que existe voluntad política, pero debemos mirar más allá.
Autores como Brinkerhoff (2000) y Post, Raile y Raile (2010) han planteado marcos analíticos para examinar y determinar la presencia de voluntad política y si un político la ha plasmado en la realidad. De tal forma, puede adelantarse que expresar solo discursos y realizar actos simbólicos no implica demostrar voluntad política. A continuación, se describe el marco analítico de Brinkerhoff (2000) y se compara con las acciones emprendidas por el gobierno de AMLO para evaluar si efectivamente la 4T es un gobierno comprometido con el combate a la corrupción. Esto es aún más relevante cuando se enfrentan tragedias como la de la Línea 12 del Metro, en mayo pasado. Debe aclararse que este análisis no pretende ser un estudio sistemático.
Las características de la voluntad política
Uno de los primeros marcos de estudio de la voluntad política proviene de Brinkerhoff (2000). El planteamiento de este autor es relevante debido a que es una de las primeras propuestas para analizar la voluntad política en las reformas anticorrupción. Este marco analítico consiste en cinco variables: el locus de la iniciativas; grado de rigor analítico; movilización del apoyo; aplicación de sanciones creíbles; y, continuidad de los esfuerzos.
El locus de la iniciativa estriba en estudiar en dónde reside el interés de emprender una reforma anticorrupción. Si las reformas provienen desde el interior del gobierno es más probable que sean creíbles a que si son impuestas del exterior, como de un organismo internacional. Para esta variable, el autor señala que debe medirse de bajo a alto, de forma que, en un análisis del gobierno de AMLO, este indicador resultaría alto, puesto que el discurso anticorrupción ha surgido desde el interior de su gobierno, siendo promovido por el mismo presidente constantemente.
El grado de rigor analítico radica en identificar si el gobierno en turno ha realizado un análisis donde se reconozca la complejidad de las prácticas de corrupción, si se ha desarrollado una estrategia clara donde se establezca cómo se combatirá la corrupción, si se han revisados los costos y resultados de la reforma anticorrupción. Brinkerhoff señala que si los reformadores no siguen estos pasos analíticos y, por el contrario, fomentan actos simbólicos como escándalos o purgas de unos cuantos servidores, demuestran un nivel bajo en esta característica. Tal como hemos visto, el enfoque anticorrupción de este gobierno no está caracterizado por atender la complejidad de la corrupción, ni por mantener esfuerzos coordinados y especializados. Por ejemplo, el desdén al Sistema Nacional Anticorrupción por parte de AMLO y la centralización de los esfuerzos anticorrupción colocados en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) (Urrutia y Enciso, 2020). Por lo tanto, en esta característica, el gobierno de AMLO tiene un nivel bajo.
La movilización del apoyo trata sobre la habilidad del reformador para identificar y coordinar el apoyo para la ejecución de acciones anticorrupción. El autor señala entre las formas de observar esta característica si el gobierno ha creado una visión creíble de éxito de su política, si existe proactividad por parte del gobierno para publicar los progresos, éxitos y fracasos para fortalecer la posición de los reformadores o si el reformador tiene apoyo suficiente para mantener el apoyo a lo largo del tiempo. Estos indicadores deben evaluarse en términos de fuerte contra débil o efectivo contra poco efectivo. Este gobierno podría evaluarse como débil, puesto que ha fallado frecuentemente en transparentar sus acciones, además de que constantemente presentan irregularidades (véase Ortiz, 2021; Núñez, 2021). Además, la visión de este gobierno que relaciona directamente el combate a la corrupción con la austeridad no parece ser sostenible en el tiempo (Urrutia y Muñoz, 2020). Por esta razón, tampoco puede afirmarse que se ostente una visión compartida y aceptada del éxito de las políticas anticorrupción de AMLO.
La aplicación de sanciones creíbles es muy clara: gira en torno a la capacidad y compromiso del reformador para aplicar sanciones para reforzar las reformas emprendidas. En esa línea, el autor señala que es fundamental que las sanciones no sean utilizadas como herramientas políticas contra la oposición, si las sanciones son cuidadosamente revisadas o si son meramente simbólicas. Al respecto, el autor indica que la evaluación de este indicador está en un gradiente, de aplicaciones rígidas con alta credibilidad a aplicación débil con baja credibilidad. El gobierno de AMLO obtiene una aplicación débil con baja credibilidad, debido a que en casos mediáticos como el de Lozoya, el General Cienfuegos y los cercanos al presidente y su partido apenas se han impuesto sanciones y han servido más bien como elementos simbólicos que no terminan concretándose (véase Raziel, 2020; López, 2021). Además de los múltiples casos de corrupción ocurridos durante su gobierno, ejercidos por actores relacionados con Morena, así como gestiones cuestionables en organizaciones públicas que no han sido sancionadas, ni siquiera atendidas como develan Alvarado, Castañeda, Núñez y Ortiz (2021), o la defensa de Sheinbaum a la directora del Metro, Florencia Serranía, a pesar de su clara responsabilidad en la tragedia de la Línea 12, así como otros problemas en el sistema colectivo de transporte.
La continuidad del esfuerzo es la asignación de recursos, humanos y presupuestales, en el combate anticorrupción en el tiempo. Como indicadores, el autor arguye que debe revisarse si el reformador trata a la reforma anticorrupción como un esfuerzo “de un solo intento” con una alta carga simbólica o si son esfuerzos que se deben mantener a largo plazo. Asimismo, esto incluye establecer un proceso de monitoreo de los impactos de la reforma anticorrupción para posteriormente incorporarlos en su fortalecimiento. También involucra fijar recursos financieros, personal capacitado, así como tiempo para actuar y entregar resultados. El indicador se mide en un gradiente de esfuerzos firmes sostenidos a débiles esporádicos. El puntaje de este gobierno estaría cercano a esfuerzos débiles y esporádicos, puesto que como se mencionó previamente, su enfoque ha sido reducir el gasto en el combate a la corrupción y concentrarlo lo esfuerzos con el fin de “no duplicar esfuerzos” (Molina, 2020). Los esfuerzos apenas han sido estables y las sanciones contra altos funcionarios han sido inexistentes, tal como el caso de Manuel Bartlett. Adicionalmente, AMLO ha mencionado que la corrupción se ha terminado en su gobierno (El Heraldo de México, 2021), demostrando su percepción sobre este problema público, como algo que puede desaparecer sencillamente y sin necesidad de esfuerzos técnicos especializados.
A continuación, se presenta una tabla para sintetizar la evaluación de las características.
| Característica | Indicador | Puntaje del gobierno AMLO |
| Locus de la iniciativa | ¿La reforma proviene del gobierno o es impulsada por un actor externo? | Alta |
| Grado de rigor analítico | ¿Existe un análisis complejo del problema? ¿Han utilizado este análisis para diseñar acciones concretas? ¿Se ha realizado una estrategia que considere los elementos contextuales? | Bajo |
| Movilización de apoyo | ¿El gobierno ha fomentado una visión sobre el éxito de la política?¿El gobierno publica información sobre los progresos, éxitos y fracasos de la reforma?¿El reformador cuenta con apoyo suficiente para mantener la reforma a lo largo del tiempo? | Bajo |
| Aplicación de sanciones creíbles | ¿Las sanciones y persecuciones de servidores son utilizadas como herramientas políticas¿Las sanciones son simbólicas? | Aplicación débil con baja credibilidad |
| Continuidad del esfuerzo | ¿El reformador percibe los esfuerzos anticorrupción como actividades a largo plazo o simbólicos?¿Se establecen sistemas de monitoreo sobre el impacto de las políticas anticorrupción?¿Se asignan recursos y personal capacitado, así como tiempo para generar resultados? | Esfuerzos débiles y esporádicos |
Reflexiones finales
La voluntad política es un elemento que puede ser crucial para entender por qué una reforma anticorrupción es más o menos efectiva, pero también en un estudio más detallado, permite identificar si un político realmente está comprometido con las reformas anticorrupción. En este escrito, se describió uno de los primeros marcos analíticos para distinguir el nivel de voluntad política. Es importante señalar que en la literatura no se aborda como una categoría binaria donde existe o no, sino como un gradiente, un concepto dinámico en donde puede existir en mayor o menor medida. En este sentido, tal como se ha demostrado, el gobierno de AMLO a pesar de utilizar el combate a la corrupción como una de sus banderas, su aproximación ha sido principalmente discursiva, sin un compromiso consistente y con una mínima voluntad política.
La voluntad política va más allá de ondear pañuelos, de discursos y mandatos, esta debe materializarse. Como consuelo debe aclararse que la voluntad política también varía en el tiempo, así que, si AMLO decide actuar de manera más comprometida basada en una visión más compleja y técnica de la corrupción, en efecto aumentará la voluntad política y su política anticorrupción tendrá efectos positivos en la realidad.
Profesor asociado del CIDE y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE.ç
Referencias
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