Cobija AMLO a 34 operadores del «carrusel» de Morena

Por Verónica Ayala y Vanessa Cisneros

34 operadores de Morena que participaron en la “Operación carrusel”, encabezada por el secretario particular del presidente López Obrador, fueron recompensados con cargos públicos en el actual Gobierno federal.

Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, esos 34 operadores sacaron mediante cheques de caja más de 42 millones de pesos en efectivo de un fideicomiso para damnificados del sismo y presuntamente desviaron parte de ese dinero a actividades proselitistas de Morena.

Al iniciar el sexenio de López Obrador, los operadores fueron integrados a la nómina federal; 30 encontraron acomodo en la Secretaría del Bienestar, la dependencia responsable del reparto de programas sociales, dos en la Secretaría de Educación Pública, uno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno más en la oficina de la Presidencia de la República.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus revelaron que el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, y su oficial mayor, Denis Vasto Dobarganes, participaron en una operación de 20 minutos en la cual se hicieron depósitos en efectivo por casi un millón de pesos.

La operación carrusel, mediante la cual el monto millonario se fragmentó en cientos de depósitos de 50 mil pesos cada uno, sirvió para eludir las leyes de supervisión fiscal y contra el lavado de dinero.

Después de realizarse los depósitos, la mayor parte del dinero fue sacado mediante cheques de caja por operadores de Morena, no por damnificados.

Entre los militantes de Morena que recibieron dinero del fideicomiso del sismo entre 2017 y 2018, cuatro fueron colocados como súper delegados de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Puebla; cinco más son subdelegados, otros once ocupan cargos de jerarquía, como directores de área, subdirectores o jefes de departamento, y 14 desempeñan cargos operativos.

Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, en decenas de ocasiones que el Estado Mayor Presidencial ya “no existe”, “desapareció”, fue “eliminado”… Sin embargo, legalmente eso no ha ocurrido. Casi tres años después, lo que sí es un hecho, es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. Lo que si existe, es que el primero de diciembre del 2018, de acuerdo a un documento que emitió el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, fue puesto “en receso”.

Por Jacinto Rodríguez Munguía

Lo anunció en noviembre de 2016 como parte de su Proyecto Alternativo de Nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno.

Ya como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría.

Las razones para desaparecer a ese cuerpo militar eran, básicamente, tres:

1) Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas.

2) El presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría.

3) El Estado Mayor Presidencial había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en cuya masacre desempeñó un papel principal.

Tres años después, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo documenta que no es así: el Estado Mayor Presidencial, con sus más 8 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como “en receso”.

Por Julio E. Sancliment Martínez

En esta publicación se explora la eficacia de la Defensoría Pública –a partir de su capacidad de cumplir con su finalidad constitucional que es garantizar el derecho de acceso a la justicia– pero no ya desde el análisis jurídico, sino a partir de las percepciones personales de aquellas personas que integran la Defensoría Pública.

Para lograr lo anterior, el presente trabajo se auxilió de una metodología de campo realizada en dos fases: 

ETAPA I

Se conforma por 72 entrevistas a profundidad a defensoras y defensores públicos de toda la república mexicana, en el ámbito local y federal. 

ETAPA II

se aplicó un cuestionario a las personas entrevistadas que aborda la mayoría de los temas y aspectos que pretendemos abordar con la realización de esta entrega.