Las empresas fantasma en México: una propuesta de política pública para combatirlas

El gobierno de México ha sido señalado como uno de los más corruptos de la región y del mundo. Los indicadores internacionales y nacionales muestran que el fenómeno, en el mejor de los casos, se ha mantenido en niveles similares a los de sexenios anteriores o, en muchos casos específicos, incluso han empeorado. Además de las métricas, hemos documentado, conocido y denunciado una gran cantidad de escándalos de corrupción protagonizados por personas servidoras públicas y empresas coludidas, en donde lo mismo se involucra al primer círculo familiar y laboral del presidente, que a complejos esquemas de triangulación de recursos y uso irregular del dinero público.  

Este fenómeno ha permitido crear un ambiente propicio para la proliferación de prácticas corruptas como el uso de las denominadas coloquialmente como empresas fantasma, que son empresas que operan y están constituidas legalmente, pero se desvían de su propósito empresarial y social para fines ilícitos, a menudo con socios «prestanombres» o bien, con personas a quienes se les ha robado su identidad. 

La preocupación por las empresas fantasma es justificada, pues es un esquema tristemente conocido que fue ampliamente utilizado y denunciado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en episodios como los de La Estafa Maestra o la Operación Safiro, en los que miles de millones de pesos de los mexicanos fueron desviados. 

Nuestras investigaciones de este sexenio han revelado que las empresas fantasma siguen tan presentes como antes. Desde los primeros meses del gobierno de López Obrador encontramos contratos públicos a este tipo de compañías y su uso ha sido constante, al punto que también han formado parte de los escándalos más grandes de corrupción del sexenio, como es el caso de los desvíos de presupuesto dedicado a la alimentación de las personas más pobres, en el caso de Segalmex. 

Tanto el gobierno como las compañías privadas utilizan empresas fantasma para desviar recursos públicos y evadir impuestos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha combatido este fenómeno identificando y publicando Empresas Fantasmas en listas «negras», pero su proliferación persiste, involucrando a múltiples actores privados y gubernamentales en un entramado de corrupción estructural en redes. La complejidad de las redes de corrupción alrededor de las Empresas Fantasma dificulta el rastreo de los beneficiarios finales de estos actos delictivos no solo en México sino a nivel internacional.

El panorama internacional no es muy distante al de México, al menos en la utilización de Empresas Fantasma para beneficiarse económicamente. Casos como Panama Papers, Pandora Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks, demuestran que la utilización de estas entidades como vehículo para ocultar actos de corrupción resulta muy lucrativa, debido a la compleja estructura contable y societaria que utilizan. En este sentido, son varios los organismos internacionales que se dedican a combatir este fenómeno por medio de recomendaciones (en algunos casos vinculantes para México) con el objetivo de guiar a los países sobre cómo actuar ante este fenómeno transnacional. 

En el reporte Las empresas fantasma en México: Una propuesta de política pública para combatirlas, que puede descargarse al final de esta página, se hace una amplia investigación sobre la situación de las empresas fantasma para entender cómo funcionan y por qué siguen existiendo. Además, se ofrecen recomendaciones y propuestas para enfrentar este problema, pues se necesita la participación de múltiples actores alrededor de una política pública, donde es crucial la coordinación de entidades gubernamentales como las Notarías, SAT, ASF, SFP y FGR, para controlar la constitución y operación de empresas en tiempo real. Siendo el SAT la institución que cuenta con la mayor capacidad e información para generar una política preventiva contra este fenómeno.

El objetivo del estudio es, a partir del diagnóstico detallado del problema, entrevistas con personas expertas en la materia, así como la revisión del marco internacional, proponer una visión de política pública con diferentes aproximaciones, que tiene como finalidad reducir la incidencia de las empresas fantasma en la evasión fiscal y, de manera secundaria o derivada, limitar el uso de empresas fantasma en actividades de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, así como proporcionar mejor información a las autoridades responsables de combatirlo.

A partir del problema que suponen las empresas fantasma en nuestro país es que se proponen ciertas medidas para su combate a través de la coordinación de varias entidades de gobierno con el fin de optimizar el marco normativo mexicano y así fortalecer las facultades de identificación, investigación y sanción de entes que interactúan con las personas  y redes vinculadas con empresas fantasma. Las propuestas específicas se engloban en los siguiente puntos: 

No obstante, la implementación de estos cambios normativos requiere que varias voluntades converjan en el mismo sentido, además, el uso de herramientas tecnológicas será crucial para recopilar, sintetizar y compartir información de las Empresas fantasma, sus socios y otras personas vinculadas.  Es por ello que se desarrolla puntualmente los elementos de una adecuada implementación que debería considerar por lo menos:

El estudio concluye señalando con claridad las resistencias naturales y los efectos indeseables que una política de Estado en contra de las empresas fantasma puede generar. Es por ello que se señala que, para ser exitosa, conviene que la conducción de la política esté coordinada por los niveles jerárquicos más altos posibles y que se establezcan responsabilidades y calendarios de ejecución claros, transparentes y evaluables por los mecanismos internos y externos de supervisión. 

Esperamos que esta propuesta ayude a que la estrategia anticorrupción del gobierno, sin importar el partido, realmente ataque este problema que hoy sigue aquejando a la sociedad mexicana.