Desde el año 2000, México ha adoptado la transparencia como un principio deseable, incuestionable y esencial para la democracia en el país. Este texto busca explicar cómo este valor ha cambiado entre el gobierno anterior y el actual. También busca fijar una agenda de transparencia de cara a la siguiente elección federal de 2024.
El acceso a la información es hoy tan relevante como las carreteras. La información pública nos sirve a todos: tanto a la ciudadanía como al gobierno. Así como las carreteras conectan familias y negocios, la información pública puede generar conocimiento y mejorar las condiciones de la sociedad. En los últimos quince años, la agenda pública en torno a la transparencia gubernamental ha estado concentrada en que la ciudadanía utilice la información pública para exigir al gobierno que rinda cuentas.
En la actual administración federal, que gobierna desde 2018 y lo hará hasta 2024, la información pública que sirve para rendir cuentas ha empeorado, tanto en cantidad como en calidad. Así lo documenta el estudio Sin Otros Datos. Si los datos fueran carreteras, en México hoy hay más caminos abandonados y sin mantenimiento que antes.
La víspera del inicio del sexto y último año de gestión del presidente López Obrador puede ser una gran ocasión para analizar qué ha fallado en la política de transparencia, para saber cómo mejorar. No se trata de un asunto menor, la transparencia efectiva para la ciudadanía debe ser una realidad y no quedarse en el discurso para poder garantizar el cumplimiento pleno de los derechos de todas las personas.
Los cambios intersexenales en las políticas de transparencia
El uso de datos abiertos como herramienta de desarrollo no es nueva. El primer impulso serio ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto, a partir de las reformas estructurales encaminadas a hacer más transparente el presupuesto público, las compras de gobierno y generar información en datos abiertos. De este periodo de cambios institucionales, tres grandes aportaciones en materia de transparencia en mayor o menor medida continúan.
El portal de Transparencia Presupuestaria, el sitio web datos.gob.mx y el INAI. Transparencia Presupuestaria es un portal ciudadanizado que presenta información sobre el presupuesto de la forma más clara y simple posible para que cualquier persona pueda consultarla y entenderla. Datos.gob.mx se pensó como un repositorio de datos del gobierno para que en un solo sitio se pudiera consultar información de cualquier tema, generada por alguna oficina de gobierno. Finalmente, el INAI se convirtió en el Instituto garante del acceso a la información a nivel nacional, obtuvo autonomía constitucional para ser el encargado de dirimir las disputas entre ciudadanía y gobierno en materia de acceso a la información. Estos mecanismos institucionales hacen más probable que la ciudadanía detecte anomalías en el uso de los recursos públicos o el actuar del estado, lo que fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y desincentiva los actos de corrupción entre los funcionarios públicos.
En las elecciones de 2018, López Obrador prometió que su gobierno sería el más transparente de la historia. Una de sus primeras acciones para distinguirse fue establecer las conferencias matutinas, en las que todos los días ofrece una conferencia ante medios de comunicación. Estas rápidamente se convirtieron en generadores de notas y reportajes para la prensa. El gobierno sostiene que esta es una medida de transparencia; sin embargo, pareciera ser un modelo de transparencia populista.
Esta forma de comunicación aparenta que se rinden cuentas porque son el presidente y los secretarios de estado quienes contestan preguntas. Se proyecta esta idea de “dar la cara” o “de no esconderse”. Lo cierto es que la transparencia populista de las conferencias matutinas tienen beneficios para el gobierno en turno. Esta comunicación pública provocó cambios cuantificables en la confianza y opinión de las personas desde el primer año de gobierno. Sin embargo, los escándalos de corrupción persisten. Todavía hay casas grises de los hijos del presidente y desfalcos en Segalmex. Actualmente, sólo siete de cada diez bases de datos están actualizadas y 16% del total de estas bases de datos no se pueden consultar.
A esto debe sumarse que el número de solicitudes de información ha aumentado en este sexenio y la tendencia no parece detenerse. En lo que va de 2023, los datos abiertos del INAI informan que se han presentado 302,118 solicitudes, más del total de solicitudes que se recibieron en los años 2017, 2018 y 2020. El número de recursos de revisión también aumentó considerablemente. El último año del gobierno de Peña Nieto, en 2018, el INAI revisó 11,961 quejas por solicitudes. En 2020, por ejemplo, se atendieron 17,088. Más de cinco mil recursos de diferencia. En conclusión, hay menos datos que cuando empezó la administración, las personas preguntan más y también se inconforman más.
Después de los otros datos, ¿qué debería seguir?
Las conferencias de prensa matutinas y las declaraciones a la prensa no son el mejor método para rendir cuentas, pero han tenido un efecto positivo en la aprobación del gobierno. La futura candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, emuló dicha práctica cuando era jefa de gobierno. Incluso el 20 de noviembre anunció que tendría un podcast todos los lunes. El primero lo dedicó a hablar de las noticias falsas o fake news. En este espacio habló de la relevancia de las mañaneras para atacar las noticias falsas desde el gobierno de López Obrador.
El problema es que cuando el presidente dice algo que no coincide con la realidad, es su responsabilidad probar sus dichos. Sentenciar “yo tengo otros datos” no es una prueba suficiente. Las notas de prensa que evidencian las discrepancias entre los dichos y los hechos gubernamentales no tienen la misma audiencia o alcance que las declaraciones del mandatario. El objetivo de la transparencia es que ciudadanía y gobierno tengamos la misma información, que conozcamos el actuar del gobierno y las consecuencias que imponen a la ciudadanía.
Por lo anterior, es posible argüir que en las próximas elecciones la discusión sobre la transparencia gubernamental debería girar en torno a tres temas.
1. ¿Qué hacer frente a más declaraciones, mañaneras, streamings o entrevistas? Que las declaraciones ofrezcan evidencia
Si el próximo gobierno va a apostar a más mañaneras o a tener un podcast debe haber un compromiso real con sustentar sus dichos con datos y documentos oficiales. Es decir, que políticas y políticos no puedan volver a usar como salida fácil: “yo tengo otros datos”, “esa fue la información que me dieron” o “tus cifras están mal”.
En ese sentido, sería conveniente contar con una forma para corroborar los dichos con los hechos. ¿Cómo podemos confirmar las palabras y declaraciones de los servidores públicos? Sugiero dos caminos. Ya sea una reforma a la ley de transparencia que obligue a las instituciones a tener soporte documental de las declaraciones de sus servidores y, en caso de no contar con ellas declarar su falsedad. Es decir, tener un documento donde las dependencias o instituciones verifiquen que lo declarado por un servidor público no está basado en ningún documento oficial. Otra alternativa es habilitar micrositios que comuniquen las versiones estenográficas con notas aclaratorias sobre el origen de la información.
Si queremos fortalecer el derecho de acceso a la información necesitamos que los discursos de transparencia no se llenen con acciones de opacidad. Si algo ha enseñado la forma de comunicar de este gobierno es que las declaraciones deben estar respaldadas por información oficial.
2. ¿Qué hacer para mejorar las declaraciones y acciones del gobierno? Más datos abiertos y herramientas de uso público
El gobierno debe poner más información a disposición pública, pero también necesita ofrecer mejores canales de comunicación con las personas interesadas. Es un error apostar por publicar información sin incluir a la ciudadanía en el proceso. El impacto de datos en pesca o agricultura sería mayor si se incluye a las organizaciones ambientales desde el diseño de datos hasta su publicación, por poner un ejemplo.
No involucrar a la ciudadanía la convierte en un oyente pasivo de declaraciones a participantes que aportan soluciones de comunicación pública. En su lugar, es mejor apostar por los visualizadores o herramientas digitales que convierten información compleja en piezas más fáciles de acceder. En pocas palabras, si la gente utiliza los datos públicos gubernamentales es necesario un canal de comunicación para que la gente comparta sus hallazgos. Así como entre la ciudadanía hay creadores de contenido, también es posible que existan los creadores de soluciones. El próximo gobierno debe invitarlos a participar en la formación colectiva de políticas públicas.
3. ¿Cómo fortalecer el acceso a la información pública? Destrabar los nombramientos del INAI
Este gobierno hizo notorio que los procesos para designar a las personas titulares de los órganos autónomos del Estado tienen deficiencias, en tanto que permiten que las instituciones caigan en la inoperancia por motivos políticos. Cuando el INAI no pudo seguir sesionando, por la falta de comisionados, la protección de datos personales y el acceso a la información se vulneraron. Igualmente, el gobierno de López Obrador derogó acciones encaminadas a la profesionalización de los servidores públicos en materia de derecho de acceso a la información.
Las candidatas y candidatos de las próximas elecciones deben responder al compromiso de realizar los nombramientos que les mandata la Constitución, para garantizar que la falta de nombramientos para atrofiar a una institución autónoma no vuelva a suceder. También será importante fijar postura sobre la profesionalización de los servidores públicos. El incremento de respuestas insatisfactorias de solicitudes de información se puede atribuir a tres factores: mala capacitación de los servidores públicos para contestar solicitudes de información, prácticas de opacidad o, en el peor de los casos, que la información se dejó de producir. Sin importar a qué se debe esta situación, el próximo gobierno de México deberá fijar una solución para que no se repita.
El comienzo formal de las precampañas de la elección de 2024 involucra hasta el momento a las personas que aspiran a ser presidenta o presidente de México; sin embargo, en los próximos días comenzarán también los procesos electorales para renovar las dos cámaras del Poder Legislativo. Esto abre una gran ventana de oportunidad para que la ciudadanía cuestione a quienes quieren su voto sobre las medidas que tomarán sobre la transparencia gubernamental. Este es el momento de exigir que se cumplan nuestros derechos.
