- El gobierno argumenta que no hay margen para darle más presupuesto al INE, pero eso es falso. En un año normal, el poder ejecutivo redirecciona más de 700 mil millones de pesos, casi 50 veces el presupuesto del INE, y lo lleva a las prioridades del presidente.
- Es falsa la declaración oficial de que no se le puede dar más presupuesto al INE porque, como dijo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López: «No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos», pues en los datos oficiales es posible identificar múltiples ampliaciones de esta naturaleza.
Una de las máximas de análisis del gasto público es que cualquier prioridad del gobierno, sin presupuesto suficiente, en realidad no es una prioridad, sino sólo una declaración de buenas intenciones. En el caso del discurso gubernamental de la transformación del régimen para abrir el camino al uso regular de la democracia participativa directa, particularmente en la revocación de mandato, la falta de recursos para que las votaciones se realicen con la seriedad y calidad necesarias evidencia una contradicción entre los dichos y los hechos. Además, en la disputa sobre el presupuesto para poder llevar a cabo la revocación de mandato, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mentido sistemáticamente, pues las continuas declaraciones de que no hay margen presupuestario para darle más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) son falsas.
El primer elemento a destacar es algo que ya se ha escrito en múltiples ocasiones, pero es necesario recordar: todos los días el Gobierno Federal modifica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y reorienta el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para llevarlo a sus prioridades sin tener que consultarlo con nadie a través de las adecuaciones presupuestarias. En 2019, de los 4.36 billones de pesos que tenía el Poder Ejecutivo en el PEF, se tomaron 753 539 millones de pesos (17.3 % de su presupuesto) y fueron reorientados a otro destino diferente del que originalmente estaba estipulado. En 2020 esa cifra ascendió a 785 585 millones de pesos (17.4 % del presupuesto del Poder Ejecutivo).
Para 2021, aún debemos esperar a las cifras definitivas de la Cuenta Pública que se presentará en abril, pero con datos al tercer trimestre sabemos que se reorientaron, al menos, 216 405 millones de pesos. Esta última cifra seguramente terminará siendo similar a la de ejercicios anteriores, pues es al final del año cuando se hacen la mayor parte de los ajustes.
Para tener una idea de las dimensiones de estos cambios, los ajustes de 2019 fueron equivalentes a 49 veces el presupuesto total del INE ese año de 15 363 millones de pesos o a seis veces el tamaño de toda la Secretaría de Salud (124 266 millones).
Cuando se ha tratado de alguna de las prioridades del presidente, sea grande o sea chica, la reorientación del gasto las ha beneficiado. Por ejemplo, en 2020 la Guardia Nacional tenía 3842 millones de pesos aprobados en el PEF, pero a lo largo del año el presidente decidió darle 16 069 millones de pesos más de lo que originalmente le había asignado la Cámara de Diputados, un aumento de 418 % en su presupuesto. En mucha menor escala, el mismo fenómeno puede verse en el presupuesto de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México —la unidad creada dentro de la Oficina de la Presidencia y cuyo consejo es presidido por Beatriz Gutiérrez Müller—, que en 2021 no tenía ni un sol
Una imagen más detallada de los ganadores de las reasignaciones de cada año puede encontrarse en los análisis que hemos publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad para 2019, 2020 y 2021. Basta señalar que, sin importar cuándo se mire, las prioridades presidenciales son las principales beneficiarias de las ampliaciones de presupuesto. Con esto queda expuesta la primera parte de la mentira: claro que hay margen presupuestario para dar más recursos, pero sólo se utiliza para llevar recursos adicionales a lo que quiera el presidente.
El segundo elemento de las mentiras sobre esta disputa surge de las declaraciones que dio el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando ocupó el espacio de las conferencias mañaneras dado el segundo contagio de coronavirus del presidente. Cuando se le preguntó el 13 de enero si habría más recursos para que el INE pudiera hacer la revocación de mandato, señaló:
No hay posibilidades, no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo (…) No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos.
Sobre el margen de acción ya ha quedado claro que el argumento es falso. Pero llama la atención la seguridad con la que se señala que no existe ningún precedente en la historia de los presupuestos públicos de ampliaciones a los órganos autónomos. Una inspección rápida a los datos públicos de cualquiera de las Cuentas Públicas de la Secretaría de Hacienda muestra que esto no es así. Para todos los años, si se revisa el apartado de las adecuaciones presupuestarias, pueden identificarse recursos adicionales bajo el concepto de “Ampliaciones líquidas”. A continuación se muestran dos capturas de pantalla de los documentos oficiales que lo muestran para 2019 y 2020:
CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ GOBIERNO FEDERAL
(PESOS)
CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ GOBIERNO FEDERAL
(PESOS)
Naturalmente las dimensiones de estas ampliaciones son mucho menores que las de las prioridades presidenciales y durante esta administración no han sido para todos los órganos —pues incluso hay casos de reducciones, como le sucedió al INAI y al INEGI en 2019 y 2020— pero no son inexistentes. Por lo tanto, también es falso que nunca se hayan hecho ampliaciones presupuestales a los órganos constitucionales autónomos. Lo que falta no son recursos, es voluntad política.
El INE ya ha hecho modificaciones y ajustes para lograr disminuir el costo de la revocación de mandato: en lugar de los 3830 millones de pesos iniciales, ha determinado que podría organizarse con 3306 millones. También ha hecho recortes en su presupuesto para poder destinar 1568 millones de su gasto original a la revocación, pero aún son necesarios 1738.9 millones de pesos. De acuerdo con la determinación del Tribunal Electoral, el INE debía ajustar su presupuesto (lo cual ya hizo) y, en caso de que aún se requiriesen recursos, podría solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda. La sentencia de la autoridad judicial señala que “la SHCP tiene la obligación de responder a la brevedad, motivada y fundadamente para garantizar la participación ciudadana en el proceso”. Aún no conocemos la argumentación que dará la autoridad hacendaria, pero, como hemos visto, la falta de margen presupuestario que ha señalado el gobierno de López Obrador, es falsa. Tendremos que ver qué otro argumento presenta la autoridad, pero en caso de negar los recursos, estarían orillando al INE a violar la ley.
Y aquí es necesario recordar que esta situación en la que se encuentra el INE ha sido provocada desde el gobierno por una doble vía: primero, siendo el propio presidente y su movimiento los que han solicitado la activación del proceso de revocación, siendo que no fue diseñado como un instrumento para confirmar la popularidad de alguien, sino para retirar del puesto a un político; y segundo, con las obligaciones legales que le impusieron para llevar a cabo dichas elecciones.
El hecho de que la revocación de mandato tenga que realizarse exactamente con el mismo número de casillas que se instalaron en la elección presidencial previa no es una invención del INE, sino que se trata de una obligación que le impusieron los diputados, senadores y el gobierno federal. El artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada en septiembre de 2021, dice que “el Instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal”.
Este mandato legal es sumamente importante, pues el ejercicio de votación para una posible revocación debe darse en las mismas condiciones en que se eligió el presidente para poder garantizar que el resultado de la revocación pueda sustituir al de la elección presidencial. De lo contrario, se abre la posibilidad de limitar la participación ciudadana o, peor aún, la implementación de estrategias alternativas sesgadas, como ya vimos en la consulta patito sobre el aeropuerto de Texcoco, en donde una empresa privada afín al gobierno —cuando todavía no asumía el poder— colocó casillas sólo donde sabía que se favorecía al presidente, predeterminando el resultado y alterando la voluntad real de la mayoría. Si de verdad queremos una democracia participativa, tenemos que dedicarle el esfuerzo, seriedad y los recursos suficientes para lograr implementarla de manera efectiva. Cualquier otra cosa, es pura palabrería.
Esta administración le ha dado responsabilidades adicionales a muchas instituciones. Cuando se ha tratado de sus prioridades, ese aumento de funciones ha ido de la mano con aumentos presupuestales; pero cuando se trata de sus adversarios, como el presidente los ha denominado, se esperan más resultados, pero con menos recursos, lo cual expone a esas instituciones a un desgaste innecesario. Para los amigos, presupuesto y gracia, para el resto, austeridad republicana.
Leonardo Núñez González
Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
