Una investigación de la Función Pública muestra cómo Baldemar Pérez Ríos, quien venderá al Seguro Social 93 millones de dólares en respiradores, tejió hace dos décadas un red de compañías que simulaban competencia y sobornaban funcionarios.

Hasta el día de hoy se sigue constatando el uso y abuso de las adjudicaciones directas. Al igual que sus antecesores, el gobierno de López Obrador sigue entregando 3 de cada 4 contratos por ese mecanismo, en contraste con el mandato constitucional que señala que la licitación pública debería ser la norma.