Pedro Joaquín Coldwell anticipó que está en proceso de ceder sus acciones en las cinco empresas de hidrocarburos que posee en Quintana Roo.

“Estoy en la fase final de un trámite para pasar todas esas acciones a un fideicomiso conforme a la mejor práctica internacional, para que no exista ninguna duda de algún posible conflicto de interés”, informó el Secretario de Energía en entrevista telefónica con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Aunque aceptó que es socio en cuatro gasolineras y en la planta almacenadora de combustible en Cozumel, dijo que no tiene injerencia en su administración.

“Yo no tengo ninguna injerencia, estoy al margen. Ni formo parte de los consejos de administración ni de la administración, la administran otras personas. Yo he ajustado mi conducta a la transparencia, total y absoluta”.

Dijo que desconocía que la PROFECO detectó el año pasado alteraciones en las 16 bombas de una de las gasolineras en las que es socio.

“No sé si exista un procedimiento sancionatorio por alguna violación a alguna norma. En todo caso debe correr un procedimiento y creo que oír a las dos partes”, dijo la tarde del lunes 9 de enero.

-Veíamos en las consultas que hicimos en el Registro Público que quienes administran sus empresas son sus hijos. ¿En este caso la responsabilidad es de ellos, Secretario? -se le preguntó.

-No, no. La administración la llevan otras personas. Mis hijos están en el Consejo de Administración, pero están otras personas. Otras personas llevan la administración. Pero en todo caso, y yo creo, que tiene que haber un procedimiento donde se acredite la falta y donde la empresa sea oída y vencida en juicio -respondió.

-A usted como socio le notificaron seguramente la sanción que se aplicó.

-No. Yo no sabía de esto. Ahorita es la primera vez que tengo una noticia.

Aunque horas después de esa primera entrevista, el funcionario aseguró que sus abogados habían impugnado la sanción, por considerarla indebida, ya que PROFECO pedía que las 16 bombas de la gasolinera Combustibles Caleta SA de CV -en la que es socio- tuviera un aparato que sólo se debe exigir a modelos posteriores a 2011.

Negó que desde el Gobierno federal haya incurrido en tráfico de influencias para beneficiar sus negocios.

“He actuado con absoluta legalidad, no he pedido ningún trámite especial, ni he favorecido a esas empresas”.

‘Actúo con total transparencia

Antes de concretar la entrevista telefónica, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad envió el siguiente cuestionario al Secretario de Energía, el cual respondió por escrito la noche del lunes 9 de enero:

1.- El señor Secretario de Energía es accionista en cuatro gasolineras y en la planta almacenadora de combustible en Cozumel (reconocidas en su declaración patrimonial). ¿Hay algún conflicto de intereses en el hecho de que Pedro Joaquín Coldwell sea la cabeza del sector energético y al mismo tiempo sea un empresario distribuidor a gran escala de combustibles?

Pedro Joaquín Coldwell (PJC): He actuado con absoluta transparencia en el caso de las acciones que poseo en 4 estaciones de servicio y 1 planta de distribución local de combustibles en la isla de Cozumel, Quintana Roo, las cuales hice públicas desde el inicio de mi responsabilidad como Secretario de Energía, en las siguientes declaraciones:

Reporte Anual Aplicable a las Emisiones de Valores y otros participantes en el Mercado de Valores correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 al 2015, y disponibles en la siguiente dirección: https://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/default.aspx

Declaración Patrimonial y de posible conflicto de intereses ante la Secretaría de la Función Pública inicial y de modificación anual de los años 2013 a 2016. Se pueden consultar en la siguiente dirección: https://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf

Declaración de intereses del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo inicial, anual y de modificación de los ejercicios 2015 y 2016; disponibles en la siguiente dirección: https://www.fmped.org.mx/transparencia.html

2.- En una revisión que la PROFECO realizó el 15 de abril de 2016 a la empresa Combustibles Caleta SA de CV, en la que el Secretario de Energía es accionista, se detectaron alteraciones en las 16 mangueras expendedoras de combustible. ¿Qué sanción pagó el funcionario federal y/o su familia por esta irregularidad?

PJC: No tengo ninguna participación ni injerencia en la administración de dichas empresas. Si existiera algún procedimiento administrativo derivado de una verificación efectuada por la Procuraduría Federal del Consumidor respecto a “Combustibles Caleta, S.A. de C.V.”, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo  debe desahogarse un procedimiento donde la PROFECO y la empresa verificada hagan valer sus argumentos, y se resuelva lo conducente conforme a derecho, incluso de ser el caso, con la aplicación de las sanciones correspondientes.

En todo caso y por cualquier duda que pudiera surgir al respecto, y ante el procedimiento de flexibilización de los precios de las gasolinas que iniciará en el mes de marzo, les comunico que estoy en proceso de transferir las acciones que poseo a un fideicomiso conforme a las mejores prácticas internacionales de transparencia en la materia.

3.- El reporte de PROFECO menciona que las bombas de la gasolinera propiedad del Secretario de Energía fueron alteradas electrónicamente. “La bomba ha sido manipulada y cuenta con componentes ajenos a los aprobados”, dice textual el reporte. ¿A qué atribuye esta alteración en las mangueras expendedoras?

PJC: No respondió esta pregunta.

4.- La Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de combustibles, establece sanciones de entre 2 y 15 días de clausura, así como multas de 50 mil a 460 mil pesos por cada bomba detectada con anomalías. ¿Cuánto pagó el Secretario por las irregularidades que detectó la PROFECO? ¿Hubo condonación de multa?

PJC: No respondió esta pregunta.

5.- En enero de 2016 entró en vigor la nueva Ley federal de delitos cometidos con hidrocarburos, que en su artículo 16 incluyó un castigo de 10 a 18 años de cárcel “a quien altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores”. Cuando la PROFECO descubrió alteraciones en las bombas de la gasolinera propiedad del Secretario de Energía, acababa de entrar en vigor la citada ley. ¿Se aplicaron las penas que contempla dicha ley (cárcel)? Si no se aplicaron, le solicitamos que nos explique por qué

PJC: No respondió esta pregunta.

6.- Con la reforma energética, todas las gasolineras del país debieron tramitar un nuevo permiso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En la revisión de documentos, encontramos que los permisos a las gasolineras del Secretario de Energía se emitieron en 20 días, mientras otros empresarios tuvieron que esperar el trámite hasta tres meses. ¿Hubo trato preferencial para el Secretario y/o su familia en la expedición de permisos?

PJC: Respecto a los plazos mediante el cual se otorgaron los permisos a esas empresas, declaro que la Comisión Reguladora de Energía es un órgano regulador coordinado con autonomía técnica y de gestión, encabezado por un Órgano de Gobierno integrado por siete Comisionados designados por el Senado de la República, y que en ningún momento solicité privilegio alguno ni trámite en plazos preferentes. Sugiero consultar a la Comisión Reguladora de Energía el plazo promedio para el otorgamiento de este tipo de permisos.


La defensa del Secretario