Anuario de la corrupción 2020

Durante cuatro años consecutivos en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hemos registrado los principales escándalos de corrupción publicados por distintos medios de comunicación en México. Nuestros reportes dan cuenta de las irregularidades cometidas recientemente por al menos una decena de gobernadores; del cobro ilegal de comisiones por parte de legisladores de todas las expresiones políticas; de la asignación de contratos públicos millonarios a empresas fantasma o a personas cercanas a quienes están en el poder; del uso electoral de programas sociales y un lamentable largo etcétera.

Los escándalos que hemos registrado en este tiempo tienen un claro elemento en común: todos dependen de la complicidad de varios actores que aprovechan oportunidades creadas por puntos ciegos en nuestras leyes e instituciones para capturar cargos públicos y presupuestos en su beneficio. Si la corrupción funciona en redes, es claro que no se trata de distinguir entre personas buenas y malas.

Por tal motivo, acciones como la prisión preventiva de poco servirán para acabar con este problema. En su lugar, necesitamos fortalecer nuestra capacidad para investigar estas redes, incentivar la denuncia y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estas medidas, más que palabras, necesitan recursos, talento y compromiso político de nuestras autoridades.

En 2020 hubo repercusiones de la corrupción de otros gobiernos: al menos seis integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto fueron señalados en distintas investigaciones de las autoridades por presuntos actos de corrupción. Pero no todo lo que sucedió este año fue sobre el pasado. A pesar de que en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la corrupción ya no se tolera desde arriba y ya se terminó, encontramos casos de irregularidades similares a las reportadas años atrás: familiares y amigos de funcionarios con contratos públicos millonarios, denuncias de desvíos de recursos que no llegaron a ningún lado y opacidad en la toma de decisiones públicas. 

Presentamos a continuación un recuento de los eventos más relevantes del año pasado.

Enero

El caso Genaro García Luna

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, compareció ante la Corte de Nueva York el 4 de enero, acusado de haber recibido más de 60 millones de dólares en sobornos para cooperar con el cártel de los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. El exfuncionario fue arrestado en diciembre de 2019 y los cargos que se le imputan son conspiración internacional por tráfico de drogas, conspirar para distribuir, importar y poseer cocaína, recibir sobornos para proteger a cárteles mexicanos y presentar declaraciones falsas ante autoridades. 

En julio, el Departamento de Justicia estadunidense presentó tres cargos de importación de droga y conspiración contra Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División Antidrogas de la Policía Federal. Ambos fueron señalados por participar en la red de protección para favorecer al cártel de Sinaloa, presuntamente organizada por García Luna. Ese mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que los dos exfuncionarios eran investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que sus cuentas bancarias habían sido congeladas.

El 7 de octubre, García Luna se declaró inocente de los cinco cargos imputados en su contra. A finales de noviembre, la FGR obtuvo la primera orden de aprehensión en México en contra del exsecretario por enriquecimiento ilícito. A principios de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que había solicitado formalmente la extradición del exsecretario de Seguridad.

Anomalías en Jóvenes Construyendo el Futuro

Una auditoría interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presentada en enero, detectó empresas fantasma que no reunían los requisitos o que funcionaron ilegalmente como centros de capacitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De los 91 expedientes revisados, en 50 se encontraron anomalías. La auditoría también señaló que de los casi un millón de jóvenes registrados, sólo 20 000 mil (2 %) consiguieron un puesto en las empresas en las que hicieron prácticas. En septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que había recibido 56 quejas sobre el programa; 30 % de éstas son en contra de funcionarios públicos por cobrar sobornos.

Sembrando Vida: sin árboles

Durante una conferencia de prensa a finales de enero, María Luisa Albores González —entonces secretaria de Bienestar— reconoció que de los 575 millones de plantas y árboles que deberían plantarse, ni siquiera se compró la mitad y sólo 40 millones fueron viables (7 % del objetivo). En 2018, el programa ejerció un presupuesto de 15 000 mil millones de pesos y para 2020 recibió 28 000 mil millones.

Mediciones de la corrupción

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos (uno más que en 2018) y ascendió ocho lugares respecto al año anterior: pasó de la posición 130 a la 122.

Febrero

Desvíos en la Conade

Una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que se desviaron 30 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) otorgó un contrato por 1.4 millones de pesos a una empresa de reciente creación, Ostergard Rensen Consultores, propiedad de Karime Balut Escartín, exasistente de la directora Ana Gabriela Guevara. Esto a pesar de que la Ley de Adquisiciones prohíbe la contratación de terceros con quienes se haya tenido relaciones profesionales o laborales durante los dos años previos a la fecha de celebración del contrato.

Dos meses después, en abril, la directora de la Conade fue señalada por extorsión. Los dueños de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S. A. de C. V. interpusieron una denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara y otros tres funcionarios de la misma comisión ante la Fiscalía General de Veracruz por solicitarles 2.5 millones a cambio de adjudicarles contratos. En julio, los dos empresarios fueron detenidos por participar en la desaparición de una persona.

En agosto, el subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, fue destituido por autorizar que siete analistas técnicos utilizaran el servicio de hospedaje, alimentación y uso de instalaciones de la Conade con un costo de más de 133 000 mil pesos. Por si fuera poco, el funcionario contrató a su sobrino como prestador de servicios, quien percibía 31 000 mil pesos mensuales y no trabajaba en el área que le correspondía.

Marzo

Facturas falsas

El estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, presentado por Impunidad Cero y Justicia Justa, identificó cerca de 23 000 mil facturas falsas en el sistema de salud pública entre 2014 y 2019, que llevaron al desvío de 4 mil 100 millones de pesos. El esquema se repite en 90 instituciones de la federación, como el IMSS y el ISSSTE, y en la mayoría de los estados. Sólo en 2019 —el primer año de gobierno de López Obrador— se detectaron facturas falsas por casi 3 millones de pesos.

Abril

Tren Maya

La empresa China Communications Construction, ganadora de una licitación por 15 000 mil millones de pesos para construir el primer tramo del Tren Maya, fue inhabilitada por ocho años en 2009 por el Banco Mundial, acusada de prácticas fraudulentas. Además, sus empresas subsidiarias fueron acusadas por intentar sobornar a funcionarios de gobierno en otros países. 

Los contratos públicos de Carlos Lomelí Bolaños

Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa farmacéutica ligada al exsuperdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, recibió un contrato por adjudicación directa de más de 7 millones de pesos con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud, por el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación.

Mayo

Compra de ventiladores a sobreprecio a León Manuel Bartlett Álvarez

La delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez —hijo del director de la CFE—, un contrato por 31 millones de pesos a cambio de veinte ventiladores respiratorios. El precio unitario en esta adquisición era el más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por covid-19. Esta misma empresa ganó otro contrato por adjudicación directa para proveer equipo de ultrasonido por casi 95 millones.

En respuesta, la SFP y el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo investigaron los contratos. El 8 de mayo, el IMSS levantó un acta de rechazo para devolver los ventiladores porque no cumplían con los requerimientos funcionales acordados. El instituto confirmó el 28 de mayo que habían sido suspendidos su titular en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez, y tres funcionarios más involucrados en la compra. 

En julio, la SFP determinó dos inhabilitaciones a la empresa por 24 y 27 meses, así como dos multas que suman 2 millones de pesos. El dictamen reconoció que el precio ofrecido estaba fuera del rango de mercado, que la supuesta urgencia para utilizarlos no tuvo sustento, que la empresa proporcionó información falsa y que ninguno de los equipos cumplía con las especificaciones técnicas contratadas. A finales de diciembre, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le concedió a la empresa la medida cautelar de dejar sin efectos su inhabilitación.

Compras opacas para atender la pandemia de covid-19

La empresa Bidcom Energy, propiedad de familiares de Arturo Quintanilla, compadre de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), logró la adjudicación directa del segundo contrato más elevado para la compra de ventiladores del IMSS (El Sol de México). El Instituto adquirió 100 ventiladores por más de 114 millones de pesos, pero los equipos no se entregaron en la fecha pactada. 

Director del FCE en Colombia adjudica contratos a su hijo

El gerente de la filial del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Colombia, Nahum Montt, entregó contratos a tres empresas de su hijo, se hizo un autopréstamo y realizó gastos personales con cargo a la paraestatal por hasta 5 000 mil dólares mensuales. Las empresas del hijo de Montt cobraron alrededor de un millón de pesos mensuales. El Fondo conocía los gastos ilegales desde noviembre de 2019, pero Montt presentó su renuncia hasta mayo de 2020, luego de que fueran publicadas estas irregularidades.

Junio

Malos manejos en el Conafe

La Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibieron dos denuncias contra Cuauhtémoc Sánchez Osio, titular del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), por abuso de atribuciones, tráfico de influencias, peculado y conflicto de interés. Las denuncias señalan un contrato celebrado con la empresa Oficinas y Comercios por más de 9 millones de pesos para la impresión de tapetes didácticos. Sánchez Osio se mantiene en su cargo y apareció en una conferencia vespertina en agosto.

Remodelaciones y compras de Yeidckol Polevnsky

La dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció una auditoría a la gestión que hizo Yeidckol Polevnsky como presidenta por la adquisición de inmuebles y asignación de contratos de remodelación por más de 619 millones de pesos. De acuerdo con la información del partido, 312 millones se utilizaron para remodelar edificios nunca identificados y otorgados a Grupo Ebor, propiedad de Enrique Borbolla, acusado de fraude por el gobierno de Quintana Roo.

Los colaboradores de Cuauhtémoc Blanco

Al menos dos colaboradores del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tienen denuncias por supuestos actos de corrupción. En junio, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Jaime Tamayo Godínez ante la FGR por lavado de dinero, luego de detectar la supuesta recepción de 558 millones de pesos entre 2013 y 2019. Asimismo, la fiscalía mantiene una investigación en contra de José Manuel Sanz, jefe de la Oficina del Gobernador, por la compra de un inmueble supuestamente subvaluado en Cuernavaca y depósitos superiores a los 25 millones de pesos a cuentas bancarias a su nombre en Estados Unidos. 

Corrupción en México, sin grandes cambios

La capacidad de México para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción se estancó, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 de las organizaciones Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks. La puntuación de México este año fue 4.55, 0.10 menos que en 2019. “No ha cambiado dramáticamente la situación, no hay notables cambios”, expuso Roberto Simon, director anticorrupción de la Sociedad de las Américas.

Julio

Detención de César Duarte

Autoridades estatales de Florida detuvieron el 9 de julio en Miami al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, después de tres años de estar prófugo. Al momento de su captura, Duarte tenía 21 órdenes de aprehensión y 39 carpetas de investigación por delitos relacionados con corrupción. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR acusan al exgobernador de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con las investigaciones en su contra, el daño que causó al erario fue de 1230 millones de pesos. El 25 de agosto, una juez de Chihuahua ordenó también la detención de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de Duarte Jáquez.

Contratos de CFE para senador de Morena

La CFE anunció el 14 de julio la compra de 2 millones de toneladas de carbón a 75 productores en Coahuila a un precio por encima del precio de mercado. Días más tarde, el senador por Morena Armando Guadiana Tijerina admitió que abogó por esta adquisición ante el presidente López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett. El legislador aparece como apoderado legal de tres de las empresas beneficiadas por la compra y familiares suyos ocupan cargos de responsabilidad en una cuarta. Las cuatro empresas recibieron contratos por casi 58 millones de pesos (El País). 

A finales de noviembre, el Senado de la República solicitó a la CFE un informe detallado sobre el estado de las compras de carbón a los productores de Coahuila. Guadiana Tijerina es presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta y durante la discusión de este dictamen volvió a declarar que él no vende carbón a la CFE.

Agosto

Caso Lozoya

Emilio Lozoya Austin presentó una denuncia en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas y de otros 14 altos funcionarios. El exdirector de Pemex reconoció que recibió dinero de la brasileña Odebrecht para pagar a asesores de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, por instrucciones de éste y de Luis Videgaray. Asimismo, denunció la compra de votos de legisladores panistas para aprobar la reforma energética entre 2012 y 2014.

Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España, el 13 de febrero, tras nueve meses de estar prófugo. Fue extraditado en julio, acusado por recibir sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México. Las audiencias de su caso comenzaron el 28 de julio y se le permitió enfrentar el proceso bajo arresto domiciliario. En agosto, el exfuncionario hizo pública su intención de solicitar el criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador.

El 17 de agosto se filtró un video que mostraba a subordinados de Emilio Lozoya entregando dinero en efectivo a Rafael Caraveo Opengo, cercano colaborador del hoy senador panista Jorge Luis Lavalle, y a Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del gobernador en funciones Francisco Domínguez. Gutiérrez Badillo fue separado de su cargo un día después. En septiembre, Caraveo Opengo declaró ante la FGR que recibió en siete ocasiones un total de quince maletas repletas de dinero en las oficinas de Lozoya, por órdenes de Lavalle. Señaló que el destino de este dinero fueron campañas electorales panistas.

Videoescándalo de Pío López Obrador

El 18 de agosto, Carlos Loret de Mola en LatinUs se dio a conocer un video en el que se observa al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo —más de 1.4 millones de pesos— durante la campaña electoral de 2015. El dinero se lo entregó David León, entonces consultor del gobierno de Chiapas y quien estaba por ser designado como encargado de la distribución de medicamentos del gobierno federal al momento de la revelación del video. El titular del Ejecutivo declaró que lo que se aprecia en el video eran “aportaciones para fortalecer el movimiento”.

Pio López Obrador presentó el 18 de octubre una demanda en contra del periodista Carlos Loret de Mola exigiendo un castigo de 12 años de cárcel por haber divulgado imágenes obtenidas de una comunicación privada. Además, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el objetivo de que el INE detuviera las investigaciones en su contra, al argumentar que dichos delitos ya prescribieron. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se ocupó del caso del hermano del presidente y dijo que no encontró nada significativo. 

Liconsa: menos leche y más cara

El gobierno federal entregó dos contratos para procesar y vender leche por más de 4 000 mil millones de pesos a Grupo Vicente Suárez 73, una empresa sin experiencia en el mercado y fundada por el empresario de telecomunicaciones Alejandro Puente Córdoba. En contraste, productores en Chihuahua, Jalisco y Veracruz denunciaron en agosto que el gobierno tiene retrasos hasta de seis semanas en el pago de productos entregados.

En tanto, una auditoría interna realizada por la empresa a principios de año reveló que durante el ejercicio de 2019 se había atendido a un número de personas en condiciones de marginación por debajo de lo programado y 478 000 mil menos que en 2018. Además, en julio de 2019, Liconsa incrementó el precio del litro leche de 1 peso a 2.50 pesos en los municipios de mayor marginación.

Compras simuladas en la Policía Federal

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el 8 de agosto que el exsecretario de Seguridad capitalino, Jesús Orta —quien renunció en octubre de 2019— es investigado por la Fiscalía General de la República, acusado de desviar 2 mil 500 millones de pesos, junto con 18 elementos de la extinta Policía Federal, entre ellos la exsecretaria general Frida Martínez. 

El 28 de octubre, la Interpol emitió una ficha roja contra Jesús Orta y Frida Martínez. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal simuló la contratación de patrullas y adquisición de equipos de espionaje por más de mil 1500 millones de pesos. El objetivo de esos recursos es desconocido.

Septiembre

Ilegalidad en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

El 22 de septiembre, Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), poco más de tres meses después de haber asumido el cargo. En su carta de renuncia reveló que encontró procedimientos de valuación que no garantizaba el mayor beneficio al Estado, mutilación de joyas y contratos que favorecían a entes privados más que al Instituto. 

Durante el 2020, los más de 12 000 mil inmuebles que posee el Indep pero aún no subasta generaron un gasto de 200 millones de pesos. Estos inmuebles son de origen desconocido por lo que no es posible hacer algo con ellos hasta aclararlo. 

Transparencia presidencial

En los primeros doce meses del gobierno de López Obrador la inexistencia de información como respuesta a las solicitudes reportó un incremento de 317 % con respecto a seis años antes (El Sol de México). En 10 % de las peticiones de información a la actual Presidencia no hubo respuesta. En contraste, sólo en 4 % de las solicitudes dirigidas a la oficina de Felipe Calderón y 5 % de las enviadas a Enrique Peña Nieto, la información se declaró inexistente.

Irregularidades en Macuspana

Los integrantes de Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, presentaron su renuncia sin ofrecer explicaciones pocos días después de que el Congreso local encontrara un faltante de 223 millones de pesos en la hacienda municipal. Según una auditoría de la Comisión Inspectora de Hacienda, el ejercicio 2019 del Ayuntamiento suma inconsistencias por 103 millones de pesos y el de 2020, por 120.3 millones de pesos.

Entre las autoridades que presentaron su renuncia está Concepción Falcón Montejo, esposa de José Ramiro López Obrador, hermano del presidente. El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que las renuncias no estaban relacionadas con el caso y que no hay una declaratoria de desfalco oficial hasta que sea revisada la cuenta pública del municipio. En diciembre, el Congreso de Tabasco reprobó la cuenta pública 2019 del municipio por irregularidades cercanas a los 50 millones de pesos.

En noviembre, José Ramiro López Obrador dejó su puesto como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del gobierno de Tabasco para participar en las elecciones de 2021. 

Octubre

La consulta para juzgar a expresidentes

El 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador para someter a proceso judicial a los expresidentes. Sin embargo, los ministros reestructuraron por completo la pregunta sin mencionar a los exmandatarios. El 22 del mismo mes, la Cámara de Diputados aprobó la procedencia y trascendencia de la consulta; ésta se realizará el 1 de agosto de 2021 y, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, tendrá un costo de alrededor de mil 1500 millones de pesos.

Extinción de fideicomisos

En octubre, el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de 109 fideicomisos de apoyo a la investigación científica, protección de víctimas, desastres naturales y más. En mayo, los diputados habían propuesto acabar sólo con cinco fondos tras reuniones con investigadores, víctimas e interesados. Sin embargo, el presidente López Obrador presionó de nuevo para que desaparezcan, pues desde su punto de vista no tienen control alguno y permiten la corrupción. A los argumentos mostrados por expertos, investigadores, artísticas y víctimas, la respuesta presidencial fue que “los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo a la corrupción”.

La investigación en contra de Salvador Cienfuegos

El 15 de octubre fue arrestado en Los Ángeles el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. El 28 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores envío una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos expresando un “profundo extrañamiento” por la falta de información acerca de la investigación. 

El 17 de noviembre, en un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia estadunidense y la Fiscalía General de la República mexicana dieron a conocer que la primera desestimaría los cargos penales contra Cienfuegos. Un día después, el extitular de la Sedena regresó a Ciudad de México. Al aterrizar, la FGR le notificó que inició una investigación en su contra. La fiscalía decidió no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda el 14 de enero de 2021. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el expediente de la DEA y la FGR divulgó una versión testada de su carpeta de investigación.

Los viajes de Jesús Seade

La Secretaría de la Función Pública investigó al exsubsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por peculado y abuso de funciones ante acusaciones de haber utilizado recursos públicos y falseado comisiones de trabajo para realizar viajes personales a Hong Kong. El 6 de noviembre, la SFP dio a conocer que había concluido la investigación sin encontrar irregularidades. Apenas cinco días después, Seade Kuri recibió la condecoración Miguel Hidalgo de manos del presidente López Obrador y anunció su renuncia y retiro de la vida pública.

Miguel Ángel Mancera

El 21 de octubre, la FGR cateó una propiedad a nombre de la esposa de Luis Ernesto Serna, quien fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de Gobierno de Ciudad de México. La SHCP interpuso una denuncia en contra de Luis Serna, su esposa, sus hijos y su yerno.

La Secretaría de la Contraloría de Ciudad de México inhabilitó al senador Miguel Ángel Mancera para desempeñar cargos en la administración pública de la ciudad por un año, en cumplimiento de una sentencia del TEPJF que acreditó la participación indebida de Mancera en la elección presidencial de 2018 en favor del candidato Ricardo Anaya.

Noviembre

De superdelegados a candidatos

De los 32 superdelegados, 26 cuentan con al menos una denuncia ante la SFP o una Fiscalía local. La SFP ha recibido más de cien denuncias contra superdelegados, de las cuales veinticuatro han sido desestimadas por falta de elementos, ocho han avanzado a procesos de responsabilidades administrativas y ninguna ha generado sanción. Entre los casos más relevantes se encuentran:

A finales de octubre, ocho superdelegados renunciaron a sus cargos para buscar cargos de elección popular.

Colaboradores de AMLO recurren a empresas fantasma

Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, contrató empresas fantasma en 2018 como secretario de Finanzas de Morena para organizar quince eventos políticos del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en Puebla y publicidad en diez espectaculares.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, cuando estaba al mando del periódico partidista de Morena, Regeneración, firmó un contrato por 58 000 mil pesos con una empresa declarada recientemente como fantasma y cuya dueña se dedicaba a vender dulces en la región de la Cañada en Oaxaca.

Acusaciones contra el presidente del TEPJF

El magistrado José Luis Vargas asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 3 de noviembre. En 2019, la UIF investigó al magistrado y detectó compras de inmuebles en Miami, Valle de Bravo, Polanco y Lomas de Chapultepec; además, lo denunció ante la FGR por inconsistencias en su patrimonio. De acuerdo con sus declaraciones oficiales, Vargas cuadruplicó sus ingresos entre 2013 y 2017. En ese último año reportó haber ganado el equivalente a 1.6 veces las percepciones anuales brutas de su cargo como magistrado.

Delitos de corrupción no llegan a manos de los jueces

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 27 de octubre, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, señaló que la dependencia que encabeza había presentado 513 denuncias por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía General de la República dio a conocer que en realidad ha recibido 363, 29 % menos. Ambas dependencias coincidieron en señalar que ninguna ha sido presentada ante un juez, es decir, que todas las denuncias hechas por la SFP hasta ahora se encuentran aún en la etapa de integración de la carpeta de investigación.

Estafa Maestra

El exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, comenzó negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar el criterio de oportunidad y volverse testigo colaborador. Como oficial mayor, Zebadúa era el responsable de los pagos y está implicado en al menos veinte carpetas de investigación por el posible desvío de un total de 5 000 mil millones de pesos bajo el esquema de la Estafa Maestra. 

Zebadúa declaró que recibió la orden de hacer estas operaciones por parte de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y confirmó la participación de Rosario Robles. También señaló que los recursos fueron utilizados en la campaña de Alfredo del Mazo para la gubernatura del Estado de México y para promover a Miguel Ángel Osorio Chong.

El 23 de noviembre, luego de más de un año de estar en prisión preventiva y sin sentencia, Rosario Robles aceptó ser testigo colaboradora y dijo estar dispuesta a demostrar que Videgaray fue responsable de los desvíos y del financiamiento ilícito a las campañas federales de 2015 y 2018. Para finales de 2020, la SFP tenía procesos abiertos en contra de veinticinco exfuncionarios y la FGR obtuvo once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Ramón Sosamontes, excolaborador de Robles, y Jesús Alejandro Vera Jiménez, entonces rector de la Universidad Autónoma de Morelos, además de otros funcionarios públicos. 

Diciembre

Riesgo de corrupción en compras de Pemex

Sólo 284 procesos de compra pública en Pemex de más de 2800 analizados (10 %) no presentan una conducta de riesgo (MCCI). En la mayoría de los casos existen conductas que indican una falsa competencia y procesos discrecionales. Los cinco contratos más grandes fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones directas: la adquisición de las pipas por parte de Pemex Logística; los contratos para la Refinería de Dos Bocas por PTI Infraestructura y Desarrollo, y los contratos más grandes para servicios de perforación otorgados por Pemex Exploración y Producción. 

Prima del presidente recibe contratos de Pemex

En 2019 y 2020, Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán —prima hermana del presidente—, participó como parte de dos consorcios en dos contratos licitados con Pemex, que suman más de 350 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de Carlos Loret, publicada en LatinUs.

Más contratos a empresas fantasma

El gobierno federal ha comprado bienes o servicios por más de 280 millones de pesos a dieciocho proveedores que aparecen como empresas fantasma, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre las dependencias que otorgaron estos contratos están el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía General de la República (Emeequis).

Coordinado por Jorge Andrés Castañeda Morales, director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI. Rosa Castañeda, Maite Laris García Urtiaga, Javier Carrillo y Ricardo Alvarado Andalón son integrantes de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.