Una polémica organización evangélica de EU, que ha sido acusada de promover el odio contra los homosexuales, ha tejido alianzas con legisladores de 17 países latinoamericanos –incluido México- para impulsar leyes en defensa de la familia tradicional.
La Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF, por sus siglas en inglés), una organización clasificada por activistas de derechos humanos como promotora del odio por criminalizar la homosexualidad, ha trabajado en México desde hace 10 años en promover litigios ante tribunales y cabildear con políticos para evitar que se extiendan a todo el país el derecho al aborto legal y los matrimonios de parejas del mismo sexo. (Ver https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/alliance-defending-freedom)
La ADF está basada en Washington y tiene 3 mil abogados afiliados trabajando en 51 países en la promoción de juicios y cambios legales acordes a su agenda de defensa de la familia tradicional y la vida desde la concepción. Fue fundada en 1994 por el abogado Alan Sears y 35 líderes cristianos evangélicos, aunque al paso de los años ha integrado a activistas católicos. Su principal asesora legal es una abogada mexicana, formada en la Universidad Panamericana, del Opus Dei.
La labor de la ADF en México se ha intensificado en los últimos tres años, cuando se asoció con organizaciones de corte conservador, como Red Familia, para realizar movilizaciones en defensa de la familia tradicional. En junio de 2017, auspició la realización del Congreso Hemisférico de Parlamentarios, en el que 659 legisladores de 17 países de Latinoamérica firmaron la llamada “declaración de México”, que cuestiona “la interferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la soberanía de los países de la región.
La exigencia de los parlamentarios es que la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se entrometan en asuntos que competen a los estados miembros, en particular en temas como el aborto. Aunque la Corte nunca ha emitido un fallo o una opinión legalizando el aborto sin restricciones. Sólo ha defendido casos particulares, como por ejemplo el derecho a la vida de una mujer en El Salvador cuyo embarazo la puso en riesgo de muerte.
Los gastos de viaje y la estadía de los legisladores extranjeros que llegaron a México al Congreso Hemisférico de Parlamentarios, fueron auspiciados parcialmente por ADF y una organización vinculada.
Uno de los firmantes de la “declaración México” fue Jair Bolsonaro, en ese momento diputado federal por Río de Janeiro y electo en octubre de 2018 presidente de Brasil, y quien ha levantado polémica por sus posturas que denigran a la mujer y a los homosexuales.
Por México firmaron 20 legisladores del PAN, 3 del Partido Encuentro Social, 2 del PRI, uno del PRD y uno de Movimiento Ciudadano.
VER AQUÍ LA LISTA DE LOS DIPUTADOS
“La declaración de México es una manifestación de voluntad política para apoyar la vida, la familia y la libertad de religión”, celebró la ADF en su reporte anual de 2017.
Según esta organización conservadora, la OEA pretende imponer políticas públicas de género a sus países miembros, como el derecho al aborto legal, de ahí la importancia del consenso que logró con legisladores de toda Latinoamérica.
El pronunciamiento contra la OEA fue ratificado el pasado 5 de abril de 2019 en Bogotá, durante la Cumbre Transatlántica de la Red Política por los Valores (PNV, por sus siglas en inglés), una organización internacional de políticos conservadores que tiene en su consejo asesor y comité de expertos a abogados, cabilderos y directivos de ADF.
“Denunciamos el agresivo y bien documentado cabildeo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Interamericana de la Mujer (ambos pertenecientes a la OEA) a favor de la legalización del aborto en nuestros países”, menciona el pronunciamiento emitido a nombre del Congreso Hemisférico de Parlamentarios.
Lisbeth Hernández Lecona, ex senadora del PRI, y Rodrigo Iván Cortés, ex diputado del PAN, forman parte del consejo asesor de la organización que emitió este reclamo a la OEA a inicios de abril en Bogotá.
Los activistas de ADF y otras organizaciones conservadoras acudieron a finales de junio de 2019 a la 49 asamblea ordinaria de la OEA, realizada en Medellín, para protestar contra una supuesta iniciativa a favor del derecho al aborto legal. “Sí al derecho a la vida del no nacido”, fue su proclama. “Hemos hecho lobbying y todo lo que ha estado en nuestras manos para detener estas iniciativas”, dijo la ex diputada federal del PRI Julieta Fernández, esposa del senador Manuel Añorve, al término del encuentro en el que participó como cabildera. El siguiente paso de su activismo es presionar a la cancillería para que se manifieste contra la OEA. En realidad, la OEA no ha promovido iniciativas a favor del derecho legal irrestricto al aborto; lo que ha emitido desde 2014 son recomendaciones a los estados miembros para despenalizar el aborto en casos de violencia sexual, incesto o cuando la vida de la mujer esté en peligro.
Abogados contra derechos de mujeres y homosexuales
Aunque públicamente la ADF asegura que su labor se enfoca en defender la libertad religiosa, los litigios que promueve ante tribunales han buscado frenar o revertir derechos de las mujeres y de la población LGBTI+, con el argumento de que atentan contra la vida, la familia y la santidad.
Su extenso equipo de abogados ha logrado éxitos ante la Corte Suprema estadounidense y ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Neydy Casillas Padrón, abogada egresada de la Universidad Panamericana en Guadalajara, es la principal consejera legal de ADF en Washington. Originaria de León, Guanajuato, ingresó al organismo conservador en 2011 y desde entonces ha fungido como su representante ante instancias internacionales como la OEA, la ONU y la CIDH.
Con ella han colaborado otras mexicanas, como Katharina Rothweiler, también formada en la Universidad Panamericana, actual encargada de establecer alianzas desde ADF Internacional, y Sofía Martínez Agraz, abogada egresada de la Universidad Anáhuac, quien durante 6 años fue asesora jurídica de esa organización ante la ONU y América Latina.
Martínez Agraz colaboró en una de las primeras incursiones jurídicas de ADF en México.
Junto con Piero Anders Tozzi, uno de los principales abogados de la organización, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las controversias constitucionales promovidas en 2009 por tres municipios de Querétaro, Oaxaca y Guanajuato que se oponían a la criminalización del aborto.
En su argumentación, ambos abogados defendieron las modificaciones a las constituciones locales para castigar con cárcel el aborto, sin importar el tiempo de gestación ni las circunstancias.
Casi a la par que litigaba en México, Tozzi visitó Jamaica, en donde defendió que en ese país se castigue hasta con 10 años de cárcel a los homosexuales, lo que contribuyó a que la organización de derechos humanos Southern Poverty Law Center calificara a la ADF como una organización que promueve el odio y la homofobia.
Para fomentar la formación de abogados que sirvan a sus intereses, la ADF creó la beca Blackstone Legal Fellowship, a través de la cual jóvenes de todo el mundo pueden aspirar a realizar una pasantía y capacitación legal en Estados Unidos. Desde su creación en el año 2000, han participado alrededor de 1,900 estudiantes de Derecho.
En México, el vínculo con esta beca se ha dado a través de la Universidad Panamericana. Además, en Guadalajara existe una asociación civil, llamada Mar Adentro, AC, que estableció una alianza con ADF para seleccionar a becarios.