¿Amor con amor se paga? de aprobación presidencial y confianza pública

Tal vez una de las afirmaciones que más gusta repetir el presidente López Obrador es aquel adagio que dice: “amor con amor se paga”. Más allá de su evidente necesidad por reafirmarse como un líder querido, el mandatario ha encontrado en esta frase una respuesta insolente para presumir su popularidad a sus opositores. La frase supone que el respaldo popular del presidente, medido por sus verbenas y su aprobación presidencial, misma que se ha mantenido constante a lo largo del sexenio, es el resultado del cariño que él demuestra al pueblo de México con su esquiva labor pública. Más allá de ensayar sobre un tema tan perentorio como el amor, el presente texto busca indagar en la relación entre aprobación y confianza pública, un elemento indispensable en la relación entre ciudadanía y gobierno.

En este ensayo derivado de la Encuesta MCCI-Reforma 2023 se analizan la aprobación presidencial y la confianza pública que ha provocado la actual administración federal. Por una parte, se compara la aprobación presidencial del presidente López Obrador con la de otros mandatarios del pasado. Se verá si el amor que según se demuestra al tabasqueño es tan único como él cuenta o, por el contrario, si su aprobación tiene símiles en la opinión pública contemporánea. Por otra, la confianza pública es uno de los aspectos que menos se han analizado con independencia de la aprobación presidencial durante este sexenio. Aunque la cercanía emotiva puede motivar la aprobación de un personaje, la confianza pública es un elemento fundamental para entender la relación que tienen los ciudadanos con su gobierno, particularmente en áreas como el combate a la corrupción. De ahí que se dediquen algunas páginas en este ensayo a discutir sobre la labor de la confianza en la acción pública.

De amor y aprobación

La aprobación presidencial, por su larga trayectoria en el estudio de la opinión pública para Estados Unidos, ha sido usado con exageración por la ciencia política como factor para explicar la realidad política de los países con sistemas presidenciales. En general, su eficacia como aproximación a los retos que enfrenta una administración resulta evidente. Por ejemplo, una aprobación presidencial en caída constante por un periodo sostenido es ilustrativa de problemas fundamentales para cualquier mandatario en un sistema democrático. Sin embargo, si pensamos en la posibilidad contraria, ¿qué explica la valoración positiva que tiene la ciudadanía sobre un personaje?, ¿se trata de una evaluación emotiva sobre el carácter del político en turno?, ¿es acaso, como ha supuesto una corriente de los estudios de opinión pública, la declaración de una larga formación partidista o ideológica, que resulta independiente de la persona en el cargo?, ¿representa esa cifra una evaluación sintética de los gobiernos y sus políticas? Debido a todas estas posibilidades semánticas, la aprobación presidencial sigue siendo una medida inexacta para entender la relación entre gobierno y ciudadanía.

Como indicador de la percepción pública, la aprobación tal vez sólo sea útil para identificar el amor, tal como refiere el presidente López Obrador. Es decir, nos da un comparativo en el tiempo para medir el apoyo popular que ha tenido el público en comparación con otros mandatarios. Ante esta insistente jactancia con el amor, vale la pena revisar cómo se ha comportado la aprobación de López Obrador durante su sexenio. Para ello, hemos usado el compendio de encuestas del sitio web Oraculus, que reúne diferentes mediciones de aprobación públicas a lo largo de los cinco sexenios anteriores. Con esta comparación, es posible verificar que, si bien el actual presidente comenzó con una aprobación por encima de sus predecesores, después del primer año su aprobación ha rondado los niveles de aprobación que tuvieron mandatarios como Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo.

En la gráfica precedente, la diferencia más significativa que muestra la aprobación de López Obrador es con respecto a su predecesor Enrique Peña Nieto, quien desde su segundo año de gobierno mantuvo una tendencia en declive. Por el contrario, con respecto a sus demás predecesores, la tendencia es más estable. Pareciera que la aprobación hacia la figura presidencial mantiene cierta estabilidad en el tiempo. Es decir, a todas las personas que son presidentas, la opinión pública suele valorarlas de forma semejante en el curso de sus años de gobierno. Aunque en el caso de López Obrador resalta la inédita aprobación inicial, consecuencia segura del apoyo que recibió en las urnas, lo cierto es que su apoyo no mantiene diferencias significativas con respecto al de los tres mandatarios anteriores a Peña. Como diría otro clásico del aforismo popular, más bien parece que “la costumbre es más fuerte que el amor”. La certeza del presidente en su respaldo popular no se refleja del todo en una aprobación mayor a la de otros mandatarios. Tampoco se refleja en la confianza pública que genera su gobierno, a lo que hará referencia el siguiente apartado de este texto.

¿En quién confiamos para acabar con la corrupción?

Un elemento que deriva de la aprobación presidencial se refiere a cómo los gobiernos construyen la confianza pública entre la ciudadanía. Este concepto se refiere a la forma en que las y los ciudadanos evalúan el tejido moral de la sociedad en la que viven, lo que repercute en su relación hacia otros ciudadanos y en la seguridad de que la acción pública funciona en beneficio de todas las personas. De ahí que sea un componente central para cualquier toma de decisiones sobre política pública. En literatura previa, la evidencia empírica apunta que la confianza pública es más amplia en sociedades más equitativas, tales como las sociedades nórdicas. De acuerdo con los autores Bo Rothstein y Eric Uslaner, una de las formas posibles para aumentar la confianza pública en una sociedad es a través de la implementación de políticas públicas en favor de equilibrios más equitativos.

Acaso el área de la acción pública que más requiere de la confianza ciudadana, en tanto que también se basa en buscar una sociedad más igualitaria, es el combate a la corrupción. Al recortar privilegios derivados de la influencia indebida de algunos grupos o personas sobre lo público, las políticas anticorrupción pueden ser también entendidas como mecanismos de justicia social. De ahí que sea imposible hablar de acción anticorrupción sin un trabajo de corresponsabilidad para fortalecer la confianza con la sociedad. Ambos son elementos indisociables. Por eso, desde las primeras mediciones de la Encuesta MCCI–Reforma, hemos preguntado por la instancia que los ciudadanos consideran como más confiable para el combate a la corrupción. En continuas entregas, el hallazgo principal es que se ve como una responsabilidad particular el gobierno. Aunque otros actores pueden tener responsabilidad, tales como la ciudadanía, los empresarios, los medios o las organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que, según la opinión pública, la mayor responsabilidad es del gobierno.

Sin embargo, una tendencia a lo largo de estos años que, en el curso de las ediciones, ha ido en declive la responsabilidad del gobierno en el combate a la corrupción. ¿Por qué en la percepción pública se reduciría la responsabilidad en el gobierno? En tanto que hay pocas alternativas por las cuales esto pudo suceder, para la edición de 2023 se enmarcó de forma distinta la pregunta sobre la confianza en el combate a la corrupción.

Ante esta caída de ocho puntos en la responsabilidad del gobierno, la edición de 2023 de esta encuesta buscó identificar otros actores de la vida social que ayuden a entender la relación entre confianza y acción contra la corrupción. En vez de enmarcarla como una responsabilidad, utilizamos los criterios de la confianza, en tanto que la entendemos como un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción.

Contrastar con otros grupos y actores permite identificar cómo la acción pública en materia de corrupción se puede fortalecer con la participación de otras instancias. Por ejemplo, al comparar cuánta confianza se tiene en el gobierno en relación con otros actores para el combate a la corrupción, dos actores resaltan por su importancia: se tratan de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, quienes demuestran ser aquellos con más confianza en la percepción pública para combatir la corrupción. Este hallazgo respalda una creencia ética: en el trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía está latente el potencial para trabajar activamente para reducir los efectos públicos de la corrupción y la impunidad.

Por el contrario, algunas instituciones que demuestran tener incluso menos confianza que el gobierno en el combate a la corrupción son los medios de comunicación y los empresarios. Llama la atención que ambas instituciones sean vistas con menos confianza que el gobierno para atender los problemas estructurales causados por la corrupción. Esto implica una necesidad fundamental de estos sectores para replantearse cómo pueden contribuir con la sociedad y mejorar sus niveles de confianza entre la ciudadanía.

Discusión: menos amor y más confianza

En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad partimos de la consideración de que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una lucha que, para ser más efectiva, debe involucrar a toda la sociedad. Un elemento fundamental para lograrlo es mediante la creación de espacios colectivos que integren diferentes instancias de la sociedad para trabajar por terminar con la corrupción y la impunidad. Necesitamos menos funcionarios embelesados por el amor que le tiene el pueblo. En vez de eso, se necesitan acciones comprometidas para devolver la confianza en la ciudadanía hacia las acciones anticorrupción mediante políticas que favorezcan la reducción de la impunidad, el fomento a la cultura de la denuncia y la participación de distintas instituciones sociales. No basta con declarar por decreto que un problema se erradicó. Es preciso usar la percepción pública para fortalecer la confianza en que la acción conjunta de ciudadanía, gobierno y sociedad civil puede limitar las injusticias que la corrupción impone en México todos los días.