María de los Ángeles Estrada G.1*
El poder fáctico que tienen los medios de comunicación es innegable y, sin la educación ciudadana necesaria, el abuso de ese poder puede ser muy peligroso. Los medios han alentado el establecimiento, la consolidación y el fortalecimiento de gobiernos autoritarios, conflictos armados, crisis económicas, entre otras calamidades sociales. Lo hacen a través de diversos métodos, algunos menos costosos que otros. En general, la difusión de propaganda maliciosa y las noticias falsas siguen siendo los métodos más usados.
Tampoco podemos negar que los medios de comunicación son un negocio que requiere —como cualquier otro— inversión, venta de productos o servicios, arrendamiento de espacios publicitarios y toda suerte de transacciones lucrativas para el medio y para quienes los contratan. Pero ¿deben los medios de comunicación mantenerse al margen de ser empresas socialmente responsables? ¿Deben vender sus espacios y su tiempo al mejor postor sin importar que quienes los contraten sean gobiernos, políticos o empresarios corruptos?
Dada su complejidad, maleabilidad y adaptabilidad, la corrupción puede combinarse con preocupante facilidad en todo el catálogo de problemas públicos, lo que erosiona la capacidad y legitimidad del Estado para hacerles frente. Visto de otra manera, es claro que la inversión en mitigar este mal y sus impactos es doblemente necesaria en tanto que representa una forma de combatir simultáneamente otros problemas de consideración. Este ángulo, por desgracia, es frecuentemente soslayado entre los estudios de corrupción.
Desde la década de los cincuenta, cuando por primera vez apareció el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)2, este ha dado lugar a una serie de exigencias ciudadanas y sociales para que todas las empresas contribuyan activa y voluntariamente al mejoramiento social, democrático, económico, educativo y ambiental. En el sentido más pragmático, las acciones de RSE deberían significar para las empresas el incremento en su valor, competitividad, credibilidad social, posicionamiento de marca, entre otros. Sin embargo y a pesar de algunas contadas excepciones, los medios de comunicación siguen sin ser objeto del escrutinio ciudadano ni de la exigencia de que sean socialmente responsables.
De hecho, cada vez más los medios de comunicación están siendo percibidos como instituciones corruptas. Así lo muestra la Encuesta MCCI-Reforma 2023, que, de una lista de 21 instituciones públicas y privadas, se pide a los encuestados que califiquen, de menor a mayor, su nivel de corrupción. Los resultados de la encuesta del 2023 muestran que los medios de comunicación están entre las 10 instituciones con más percepción de corrupción.
En las encuestas anteriores (2019 a 2022) ocupaban el lugar 12. Es decir, la percepción de corrupción en los medios de comunicación se incrementó. Con respecto de la cantidad de corrupción que hay en los medios de comunicación, podemos observar, gracias a los datos de la Encuesta de MCCI-Reforma 2023, que la percepción mayoritaria es que hay mucha corrupción en los medios de comunicación
Pero ¿qué podemos entender cuando hablamos de corrupción en los medios de comunicación? La corrupción es un concepto que, en ocasiones, refiere a una serie acciones, algunas ilegales y a otras que, si bien no están fuera de la ley, ponen en tela de juicio la integridad y la ética de una persona o de una institución, a tal grado que puede considerarse que implican una falta de integridad que deriva en el abuso de un poder que le otorga beneficios indebidos a una parte y perjuicios a otra.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) señala sobre la integridad y la ética de los medios de comunicación que aquellas deben entenderse, de forma general, como “las normas de conducta adecuadas que deben seguir los proveedores y diseminadores de medios de comunicación […] ofreciendo información precisa, veraz y no tendenciosa3”. La definición de este concepto es importante, ya que los medios de comunicación son relevantes en el fortalecimiento de la democracia, así como en la promoción de los gobiernos abiertos y transparentes.
Con el afán de establecer los elementos que componen la integridad de un medio de comunicación, en la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITAC Digital) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey realizamos un análisis. Estudiamos el estado del arte que guarda el desarrollo teórico de los elementos que deben considerarse para el estudio de la integridad en los medios de comunicación. Identificamos 8 variables, de las que se desprendieron 23 componentes. Una vez concluida esta etapa, establecimos la jerarquía de las variables4.
Los resultados de nuestro análisis fueron los siguientes. Lo que más contenido da a la integridad de los medios de comunicación es la veracidad, entendida como las actividades que realizan los medios para asegurarse de conocer el origen de la información, así como la verificación de sus fuentes. Está relacionada también con que el medio no suprima informaciones esenciales, ni falsifique documentos o utilice métodos desleales para obtener información.
Le sigue la objetividad. Este principio incluye que el medio no cometa plagios, respete las modalidades de difusión acordadas como el "off" o “bajo anonimato”, minimice el daño, es decir, que equilibre la necesidad de información del público contra cualquier daño o malestar que al hacerla pública pudiera provocar, que vele porque la difusión de información o de opiniones no contribuya al odio, prejuicios o discriminación, que no distorsione la información, guarde el secreto profesional respecto de sus fuentes y que, cuando cometa errores, emita una fe de erratas.
En tercer lugar, tenemos a la independencia editorial que, en este caso, se refiere a que el medio no reciba financiamiento, dádivas ni donaciones de partidos políticos o servidores públicos en funciones. Otra característica es que no tenga compromiso con ningún interlocutor que pueda poner en peligro su independencia y que evite, en su caso, conflictos de interés.
En cuarto lugar está el compromiso público, lo que incluye que el medio promueva y difunda contenidos sobre temas y conceptos que en este momento se consideran críticos para el desarrollo de México, tales como democracia, libertad de expresión, estado de derecho, seguridad, transparencia y participación ciudadana.
En quinto lugar, se ubica el respeto, que se refiere a que el medio respete la confidencialidad, la dignidad de las personas y el derecho al olvido. También a que evite difamaciones y calumnias.
En sexto, séptimo y octavo lugar están la promoción de valores como la libertad y la transparencia, respectivamente.
La importancia de conocer estas variables radica en que al medirlas nos acercamos a la posibilidad de intervenir en los elementos específicos que pueden mejorar la integridad en los medios de comunicación.
Si analizamos lo que la Encuesta MCCI-Reforma 2023 nos muestra con respecto a quienes tienen mayor responsabilidad en el combate a la corrupción, encontramos que en los primeros 5 lugares están los medios de comunicación.
Por tanto, no se exagera al decir que es urgente exigir de los medios de comunicación en nuestro país una autoevaluación sobre qué tan íntegros son. Con base en esos resultados, se puede mejorar todo aquello que afecte su integridad.
Las empresas que compran espacios o tiempos comerciales deberían realizar, con base en las variables mencionadas, un análisis previo a la contratación de espacios para determinar qué medio de comunicación merece ser el promotor de sus marcas, productos y servicios. Esto también es parte de la Responsabilidad Social Empresarial.
El gobierno debería analizar con mucho cuidado el nivel de integridad de los medios de comunicación para otorgar los tiempos fiscales. Para mostrar su interés en el combate a la corrupción, se podría incentivar fiscalmente a las empresas de medios más éticas e íntegras.
Finalmente, los consumidores de información que nos jactamos de estar preocupados por nuestro país y de querer ayudar en el combate a la corrupción, deberíamos decidir a quién ver, leer, escuchar y replicar con base en el nivel de integridad del medio de comunicación. Son muy pocos los periodistas y comunicadores que trabajan en medios de comunicación independientes. Desgraciadamente muchas y muchos siguen siendo rehenes de conglomerados comerciales que responden al mejor postor y, muchas veces, el mejor postor es también quien abusa de su privilegio, de sus relaciones y de su poder para obtener beneficios que no le corresponden a costa del resto de la sociedad.