¿El fin de la corrupción en México?

En los últimos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado que en su gobierno se ha establecido un auténtico estado de derecho, en contraste con un pasado de impunidad y corrupción. «Antes no se podía tocar al intocable, ahora nada al margen de la ley y nada ni nadie por encima de la ley. Hay un auténtico estado de derecho, antes lo que había era un estado de chueco, de cohecho», señaló en una conferencia matutina en julio del 2022. Sin embargo, hay una paradoja, pues estas declaraciones no corresponden con la realidad: muy pocos actos de corrupción de este sexenio han sido investigados adecuadamente y menos aún han resultado en sentencias condenatorias.

En agosto de 2019 se presentó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, en el cual se presentan los objetivos, estrategias, acciones y metas necesarias para erradicar la corrupción y la impunidad en la administración pública. En él hay un listado de acciones y medidas que abogan por la austeridad, la transparencia y la eficiencia. No obstante, en el documento no se menciona el trabajo con ninguna institución autónoma u organización de la sociedad civil, fundamental para el combate a la corrupción.

Organizaciones internacionales, tales como la Oficina de las Naciones Unidas en Contra de la Droga y el Delito (UNODC) y Transparencia Internacional, han destacado la importancia de un sistema judicial independiente y fortalecido para hacer frente a la corrupción. Estas cualidades fungen de contrapeso para que no haya conflicto de intereses o actos de impunidad en el proceso penal. Si bien el sistema judicial en México es independiente, se han señalado deficiencias en la impartición de justicia y desigualdades que persisten en esta materia. Instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado en algunos casos fundamentales la imparcialidad y la equidad en la justicia mexicana.

Estas deficiencias se vuelven más evidentes cuando las y los servidores públicos no enfrentan cargos por actos ilícitos en los que estuvieron involucrados, e incluso asumen cargos públicos a pesar de haber sido denunciados por corrupción. Casos semejantes se muestran en el Tablero de la Impunidad, herramienta desarrollada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el cual se documentaron 16 casos de gran trascendencia nacional.

En el tablero se muestra el grado de impunidad de los casos a partir del avance que ha tenido el proceso judicial de las personas involucradas. La mayoría de los casos documentados no avanzan de la etapa inicial de la investigación y, si llegan a proceder a un juicio, estos son constantemente detenidos por amparos. Este tipo de obstáculos impiden que los procesos judiciales avancen. En algunos casos terminan por procesar a chivos expiatorios, tal como en el caso de los empresarios que denunciaron a Gabriela Guevara por extorsión en un presunto desvío de dinero en la Comisión Nacional para el Deporte (CONADE).

La mayoría de los y las responsables que han sido acusados en el Tablero de la Impunidad son actores políticos a los cuales beneficia la desigualdad en la impartición de justicia. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta MCCI-Reforma 2023, desde 2019 más de la mitad de las y los encuestados consideran que los actos de corrupción en México se castigan, por lo menos, algunas veces.

La percepción del combate a la corrupción en el actual gobierno también se ha mantenido estable. Después de disminuir entre 2019 y 2020, para 2023 el 46% de las y los entrevistados considera que la administración actual hace un buen trabajo combatiendo la corrupción.

Pero, ¿a qué se debe esta percepción? Un factor podría ser la narrativa del presidente en sus conferencias mañaneras, en las que repite constantemente que se acabó la corrupción y la impunidad. También invita a quienes son acusados de actos ilícitos a explicarlos, lo que posiblemente abone a esta percepción del combate a la corrupción. Un buen ejemplo para ello fue cuando el titular de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, explicó la compra de un departamento de lujo en Huixquilucan, Estado de México, en plena conferencia matutina.

Pese a las mañaneras y las declaraciones, esto no ha asegurado que no se repitan estas acciones. El tablero de la Impunidad muestra que los responsables de desvíos de dinero, tales como en el caso de Segalmex o la Línea 12, no afrontan las consecuencias de sus actos.

A pesar de las declaraciones del presidente López Obrador sobre un auténtico estado de derecho y la erradicación de la corrupción, la realidad demuestra que persisten graves deficiencias en el combate a la corrupción y la impunidad en México. Aunque se ha presentado un programa nacional para abordar estos problemas, la falta de participación de organismos judiciales y la ausencia de medidas efectivas para enfrentar los actos ilícitos de los servidores públicos plantean serias dudas sobre la voluntad real de combatir la corrupción.

Aunque la percepción general del combate a la corrupción en el gobierno actual se mantiene estable y positiva, basada en la narrativa del presidente y en la creencia de que los actos de corrupción son castigados al menos en algunas ocasiones, vale la pena reconocer que estas percepciones pueden estar alejadas de la realidad. Las disculpas públicas y los ejemplos aislados de transparencia no son suficientes para combatir de manera efectiva la corrupción y garantizar la rendición de cuentas.

En última instancia, es necesario un compromiso genuino y acciones concretas para fortalecer el sistema judicial, investigar adecuadamente los actos de corrupción y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia sin importar su posición política o influencia. Solo así se podrá construir un verdadero estado de derecho y lograr un México libre de corrupción e impunidad.