¿La percepción de corrupción impacta en la confianza en el partido gobernante?

Para intentar responder a esta interrogante, revisamos los resultados de la Encuesta MCCI-Reforma 2023 que indaga sobre lo que piensa la ciudadanía sobre la corrupción en las instituciones. Lo primero que se pregunta a las personas encuestadas es cuál consideran que es el principal problema de nuestro país. No sorprende que la inseguridad sea considerada el tema de mayor preocupación con un 52% de personas que así lo manifiestan. Le siguen la economía y la corrupción con un 13% cada uno.

Estos resultados son, en parte, coincidentes con los que arrojó la última edición de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica1, levantada en 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En ella, más del 50% de las personas opinaron que la corrupción, la pobreza y la inseguridad son de los tres problemas más importantes que enfrenta el país. Han transcurrido casi tres años entre el levantamiento de datos de la Encuesta MCCI-Reforma 2023 y la del INEGI. Como vemos, las opiniones de las personas en cuanto a cuáles son los problemas más significativos para el país no han variado demasiado en este periodo.

Entre las promesas que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia en 2018 se encontraban las de luchar contra la pobreza, desterrar la corrupción y combatir la inseguridad. A pesar de ello, estos problemas se mantienen como los temas de mayor preocupación entre los mexicanos. Sin embargo, la mayoría de las personas consultadas en la Encuesta MCCI-Reforma 2023 seguirán votando por MORENA. ¿Cómo es que nos preocupan los mismos problemas que hace tres años pero, al mismo tiempo, seguimos apostando por quienes no los han solucionado? La contradicción resulta desquiciante.

Los datos de este ejercicio demoscópico también arrojan que la mayoría de las personas, alrededor de un 50%, consideran que la corrupción ha aumentado. Esta mayoría se ha mantenido desde 2019 a 2023. Un cambio en este periodo ha sido sobre la opinión de que la corrupción aumentaría, disminuiría o se mantendría igual, tal como se aprecia en la siguiente gráfica.

Como vemos en esta gráfica, en 2019, la mayoría de las personas consideraba que la corrupción disminuiría. El porcentaje decreció en casi un 20% para las cuatro ediciones posteriores y, en la última, son más las personas que creen que aumentará en los próximos 12 meses. Resultados que evocan a la frase que se le atribuye a Einstein: “Locura: hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.

Nos siguen aquejando los mismos problemas de antaño; sin embargo, ni la inseguridad, ni la pobreza, ni la corrupción han mejorado. Por el contrario, en algunos casos, han empeorado. Por ejemplo, en cuanto a la pobreza el IMCO ha reportado: “A pesar de algunas mejoras, hay carencias y brechas que se profundizan. Hasta ahora, la evolución del combate a la pobreza resultó en una involución. Además, el manejo opaco de los recursos públicos es un foco rojo, especialmente cuando hay elecciones.”2

En cuanto a la inseguridad, en lo que va de la presente administración federal, se han contabilizado más asesinatos que los cometidos durante el mismo lapso en sexenios anteriores. Todo parece indicar que, de continuar esta tendencia, este será el mandato presidencial más violento según el registro de homicidios dolosos.

En cuanto a corrupción, a más de cinco años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pocas cosas han cambiado. México se encuentra estancado en el Índice de Percepción de Corrupción que, año con año, publica la organización Transparencia Internacional. Este Índice clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Los puntajes de nuestro país han oscilado entre los 28 y 31 puntos de 100 disponibles, entre el 2015 y 2022, año de la última medición, en la que nos ubicamos en la posición 126 de los 180 países medidos.

En nuestras fronteras, el INEGI estimó que, en 2021, los costos por actos de corrupción ascendieron a 9,500 millones de pesos, lo que equivale a más de 76 veces el presupuesto anual de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). A esta institución, que es el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del SNA, se le asignaron poco más de 123 millones de pesos en 2022.

La SESNA se ha convertido en una institución fundamental para la consolidación del SNA pues, además de apoyar a la integración de los sistemas locales, ha iniciado la puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional. Esta plataforma permitirá el intercambio y la consulta de información, tanto para ciudadanos como para autoridades, así como el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones y comportamientos sobre posibles casos de corrupción.

Sin embargo, el presidente AMLO, no considera que la SESNA sea útil para el combate a la corrupción. Bajo el argumento de eliminar gastos, ha propuesto su desaparición y que sus atribuciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Ello demuestra, una vez más, su desprecio al SNA en su conjunto y a las instituciones que demuestran autonomía y respeto al estado de derecho. Organizaciones de la sociedad civil han señalado sobre esta iniciativa: “Si la SFP asumiera las funciones de la SESNA habría una carencia de independencia y un claro conflicto de interés, ya que la SFP es una secretaría de estado que recibe instrucciones directas del ejecutivo federal. El riesgo de que la agenda del presidente absorba la agenda anticorrupción sería muy alto.”3

En una situación similar se encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instituciones que han sufrido en múltiples ocasiones denostaciones por parte del presidente. A los ministros de la Corte los ha llamado “mafia” y “partidarios de la oligarquía”. Sobre el INAI, el presidente ha dicho que es un aparato burocrático que fue creado para simular que combatiría la corrupción, a pesar de que su misión fundamental es salvaguardar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Estos ataques se deben a que ambas instituciones han adoptado resoluciones contrarias a los deseos del ejecutivo, pero apegadas a la legalidad.

En este contexto no debe sorprendernos lo que revela la Encuesta MCCI-Reforma 2023: la gran mayoría de los encuestados, un 69%, considera que en México casi nunca se respetan las leyes. ¿Cómo pensar diferente si nuestro propio presidente y nuestros representantes, tanto diputados como senadores, se pasan las normas por el Arco del Triunfo una y otra vez? Hacerlo no tiene consecuencia alguna ni para sus personas, ni para sus partidos políticos.

Otro dato que preocupa es el relacionado con la denuncia de actos de corrupción. Según datos de la encuesta, sólo un 4% de las personas denunciaron un acto de corrupción en los últimos 12 meses. Entre quienes denunciaron, 89% manifestó que la denuncia no tuvo ningún resultado. Esto pone de manifiesto la poca confianza que tenemos en las autoridades, lo que se refleja en los resultados de percepción de confianza en instituciones, pues los ministerios públicos, jueces y magistrados son algunas de las autoridades en las que se percibe mucha corrupción.

Nuestro país aún carece de una normativa nacional que proteja a las personas que denuncian corrupción, quienes muchas veces enfrentan acoso, violencia e incluso riesgos directos a su integridad física. Es urgente que se legisle para dar protección efectiva a los alertadores de corrupción. Según datos presentados por Stephen Kohn, en su reciente visita a México (junio 2023), 72% de los casos en los que se recuperaron activos relacionados con la False Claims Act, fueron iniciados por un denunciante de corrupción (conocidos como whistleblowers en EE.UU).

Resulta alarmante que casos de corrupción ocurridos en México, que se han conocido gracias a denunciantes, hayan sido sancionados en el extranjero con sumas multimillonarias y que en nuestro país permanezcan impunes. Así lo pone de manifiesto el informe “Exportando Corrupción 2020”4, el cual da cuenta de que en el periodo 2016-2019 México no ha sancionado ningún caso por cohecho internacional. Por otro lado, mediante la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, o “FCPA”, por sus siglas en inglés), también pudimos saber que, entre 2012 y 2021, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense ha recibido 123 “pitazos” desde México, con lo que se han recuperado cientos de millones de dólares bajo la aplicación de esta norma.

En nuestro país no confiamos en las autoridades, lo que provoca que no denunciemos, lo que a su vez provoca que haya impunidad. Por ahí dice un dicho: “Delito que no se denuncia, delito que no se investiga”. En México, no se denuncian el 94% de los delitos. De cada 100 que se denuncian, sólo 14 se resuelven.5

Resulta lógico, según los resultados de la Encuesta MCCI-Reforma 2023, que la impunidad sea considerada como una de las principales causas de la corrupción en México. En el periodo de 2019 a 2021 se contabilizaron 31,445 carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías anticorrupción de las que solo se obtuvieron 243 sentencias condenatorias dictadas por un juez.6

De nada sirve que sigan aumentando las penas para los delitos, entre ellos los de corrupción, si estos no son efectivamente perseguidos y sancionados. Nuestros legisladores se anotan estrellas cada vez que incrementan sanciones, pero dejan de lado el tema de procuración de justicia, al cual asignan recursos insuficientes para atender el problema. Mientras no haya una apuesta seria y coordinada para enfrentar la corrupción, más allá de los discursos y pañuelos blancos, seguiremos con los presuntos responsables paseando entre nosotros como blancas palomas, alardeando que ya no son como los de antes. En la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey, seguiremos reconociendo y apoyando a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que, mediante su profesionalismo y compromiso con nuestro país, contribuyen a esta causa.