¿Qué sucede con la corrupción en los centros penitenciarios?

En México la percepción de corrupción de las principales instituciones públicas varía según el sector. Pareciera que aquellas más cercanas a la ciudadanía son las que en la opinión pública se perciben como las más corruptas. Una de las instituciones de las cuáles se tiene la peor percepción de corrupción son los centros penitenciarios.

En este texto analizaré la opinión pública hacia los centros penitenciarios. También los factores que contribuyen a que esta institución se perciba como una de las más corruptas. Entre ellos destaca el sistema de justicia mexicano, que incorpora figuras que abiertamente violan derechos humanos, tales como la prisión preventiva oficiosa y la sobre población en las cárceles, que mantiene a personas privadas de su libertad sin acceso a servicios de calidad y bienes suficientes para su subsistencia.

En la Encuesta de MCCI-Reforma 2023 se preguntó cuáles eran las instituciones, ante los ojos de la ciudadanía, qué más corrupción tenían. La segunda institución con mayor percepción de corrupción fueron los centros penitenciarios. La única institución considerada más corrupta fueron los partidos políticos.

En la Encuesta de MCCI-Reforma 2023, 91% de las personas encuestadas percibe que hay mucha corrupción en las cárceles o reclusorios. Apenas el 9% respondió que hay poca o nada de corrupción en esta institución, tal como se aprecia en la siguiente gráfica. Es decir, 9 de cada 10 personas considera que hay mucha corrupción en los centros penitenciarios y no es sorpresa. Hay dos factores que no se pueden ignorar cuando hablamos de esta institución: las injusticias e ilegalidades que rodean a las cárceles. Si bien no hablan por sí solos de la corrupción, lo cierto es que evidencian la desconfianza en el sistema carcelario del país.

Los centros penitenciarios forman parte del sistema de justicia mexicano. En teoría, funcionan como una institución de readaptación social. Sin embargo, en la práctica estos esfuerzos están desgastados por violaciones a la ley y a los derechos humanos que imperan dentro de las cárceles. De ahí que no sea sorpresa que la opinión pública sobre la corrupción carcelaria sea de las peores. Es común escuchar de sobre población en cárceles o de la injusticia que representa que personas que no tienen una sentencia lleven años en algún centro penitenciario.

A mayor cercanía con la institución y a mayor experiencia de corrupción, la ciudadanía percibe peor a las instituciones en materia de corrupción. Si una persona ha experimentado corrupción de cerca en centros penitenciarios, entonces es más factible que conozca de primera mano las injusticias del sistema penitenciario.

Otro dato preocupante es cuando revisamos qué piensan las víctimas de la corrupción. En la siguiente gráfica vemos cuánta gente considera que hay mucha corrupción en las distintas instituciones, pero separada por si han sufrido directamente o en sus familias algún acto de corrupción en el último año. En general, las personas que han sido víctimas de mordidas o abusos de autoridades piensan que hay más corrupción en general en todas las instituciones. Además, podemos observar que cuando les pasa directamente a ellas y no solamente se enteran que le pasó a un familiar, la población percibe máyor corrupción en las instituciones. En el caso de las cárceles o reclusorios, vemos una diferencia de 16% y 12% por ciento . Es decir, cuando tu familia sufre un acto de corrupción 12% más personas consideran que hay mucha corrupción en las cárceles; cuando tú directamente sufres un acto de corrupción, 16% más personas piensan que hay mucha corrupción en las cárceles.

Otra forma de entenderlo es como pérdida de confianza. Una vez que eres víctima de corrupción, aunque sea en un trámite de gobierno que no tiene nada que ver, inmediatamente pierdes confianza en el resto de las instituciones. Si alguien te pide una mordida para conseguir un turno o una plaza en una escuela, evidentemente, desde la percepción de la víctima, va a ser igual o más probable que suceda lo mismo en aquellas instituciones donde, de por sí, los derechos y las leyes son más débiles. ¿Qué podemos esperar de un reclusorio, donde las personas privadas de su libertad están con altos niveles de hacinamiento y sin un debido proceso? Cuando no has sido víctima de corrupción 67% piensa que no podemos esperar nada de estos lugares. Cuando sí has sido víctima el último año, es 83%.

En el reciente Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 se muestra que cuatro de cada diez personas en los centros penitenciarios no tienen una sentencia. No es lo único que preocupa. Cuando analizamos el total de esas personas, encontramos que el promedio nacional es que la mitad de las personas que están en la cárcel está en prisión preventiva oficiosa. Es decir, que fueron privadas de su libertad automáticamente, sin que el juez pudiera analizar cada caso y la aplicación de otras medidas cautelares. Además, estar privada de su libertad sin que se haya demostrado culpabilidad implica una violación a su presunción de inocencia. La importancia de hablar de esto es la relación que tiene la injusticia con la corrupción.

La prisión preventiva oficiosa ha sido ya declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una figura en contra de derechos humanos como la libertad personal, la presunción de inocencia y la integridad personal. Para 2022, más de 88 mil personas encarceladas no tenían sentencia. Esto implica una injusticia fundamental de un sistema que no está funcionando: investigaciones y medidas cautelares que no funcionan, sino que criminalizan y obstaculizan la garantía de los derechos humanos.

La corrupción que se percibe en los centros penitenciarios también puede ser debida a la sobrepoblación que hay. Tan solo en 2022 se registró una tasa de ocupación nacional de 101.8%, la tasa más alta registrada a nivel nacional desde que inició este censo en 2018. Tener los centros penitenciarios con hacinamiento y sobrepoblación dificulta la garantía de derechos humanos básicos para las personas privadas de su libertad. De ahí surge la pregunta si estos centros de readaptación social cumplen su función o vale la pena replantearse nuevas formas de justicia y medidas antes de pensar en la cárcel como única vía para tener justicia.

Las injusticias e irregularidades en los centros penitenciarios no se ven únicamente en la sobrepoblación a nivel nacional. En 15 de las 32 entidades federativas hay una ocupación de personas privadas de la libertad de más del 100%. Es decir, 46% de los centros penitenciarios estatales tienen sobrepoblación.

La opinión pública hacia los centros penitenciarios se entiende como peor en términos de corrupción cuando se tiene más cercanía con la institución, en tanto que se conocen más las condiciones de vida al interior de las cárceles. Conocer las condiciones que viven las personas privadas de su libertad y que evidencia el abandono sistemático y las violaciones a derechos humanos a la población penitenciaria es una de las tantas maneras en las que entendemos la injusticia. Debemos como ciudadanía exigir que la impunidad de delitos no se resuelva únicamente con la cárcel, es necesario hablar de reparaciones integrales del daño y repensar la justicia de otras maneras, las prisiones no son la solución y este es un reto pendiente para el sistema penitenciario mexicano.