¿Cambiar para seguir igual?

El Gatopardo, novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cuenta la historia de las transformaciones de una familia siciliana noble frente a la unificación italiana, esa serie de movimientos sociales que terminaron por afectar los privilegios y la posición social de burgueses como Don Fabrizio Corbera, protagonista que se enfrenta inevitablemente con el fin de una época. A Tancredi Falconeri, sobrino de Don Fabrizio y evidente ganador del nuevo orden social, Tomasi di Lampedusa le hace decir para contrariar a su tío: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?». A partir de entonces, la sintética sabiduría de Falconeri suele usarse para explicar algo sobre las transformaciones en lo público.

La idea del gatopardismo en política suele usarse para referir movimientos que a pesar de lograr grandes cambios sociales, terminan por mantener a las mismas élites en el poder. Resulta algo particular de la naturaleza de los cambios sociales. Aunque las narrativas de transformación son poderosas, la permanencia de ciertas élites es inevitable. También es cierto que pocas son las cosas en el mundo que cambian con palabras. La mayoría de las veces los cambios suceden con hechos. En ese sentido, un caso que se perfila como un ejemplo claro de gobierno gatopardista es la auto nombrada Cuarta Transformación, cuya grandilocuencia hoy palidece ante sus magros resultados. Para hacer esta caracterización, la opinión pública puede ofrecernos alguna evidencia.

Desde el inicio de las mediciones de la Encuesta MCCI-Reforma, en 2019, se percibió un gran optimismo con respecto a esta administración. La buena opinión del Ejecutivo se traducía en la confianza de que redujera la corrupción y la impunidad, incluso si era amparada en la participación del orden castrense en la vida civil. Las expectativas de este gobierno han sido las más altas de cualquier otro gobierno durante la vida democrática de México (1997- Presente). Sin embargo, la opinión pública de estos años nos revela que en casi todos los ámbitos de evaluación de gobierno ese optimismo inicial se ha erosionado para continuar las mismas expectativas de siempre. Actualmente permanece en la opinión pública la expectativa de que no habrá mejoras en la corrupción ni en la impunidad, por más que sea llamativa la buena opinión que una buena parte de la ciudadanía tiene en favor del presidente.

En materia de política anticorrupción resulta claro que esta administración ha decidido aprovechar su inmensa popularidad para llevar a cabo cambios narrativos y, de esa forma, seguir igual. En materia de política anticorrupción no se han mejorado las capacidades del estado mexicano para enfrentar los casos de corrupción y algunas de las principales instituciones están bajo asedio directo del Ejecutivo, que limita sus funciones. Tampoco han mejorado las condiciones que fomenten una cultura de la denuncia en contra de la impunidad. Lo más llamativo que ha pasado en este sexenio es la imposición narrativa, sostenida con argumentos ad hominem, de la improbable aseveración de que en México ya no hay corrupción. Lo segundo más relevante es que se ha justificado el uso de personal militar en labores civiles por la buena perspectiva que tiene la sociedad sobre la corrupción en estos ámbitos. Sin embargo, las milicias no garantizan que la corrupción se haya terminado. Ante el mando castrense, acaso las noticias sobre corrupción se han vuelto más opacas.

Pese a la gran oportunidad que tuvo este gobierno para aprovechar su legitimidad popular para combatir problemas como la corrupción y la impunidad, lo cierto es que se optó por la ruta del menor cambio posible. En lugar de fortalecer a las instituciones autónomas que constituyen la base de los esfuerzos de la política anticorrupción, esta administración ha preferido atacar su mandato y autonomía. A pesar de que pudo resolver casos de corrupción de alto nivel de sexenios pasados, esta administración prefirió campañas de comunicación contra sus opositores en lugar de acciones jurídicas concretas. En lugar de imponer mecanismos funcionales de vigilancia, sanción y reparación del daño para casos de corrupción, las más recientes experiencias parecen confirmar que toda acusación de mal actuar en este sexenio será condenada inmediatamente a la impunidad. Pese a la gran expectativa que generó esta administración para combatir la corrupción, cinco años después la opinión pública vuelve resignada a las esperanzas de siempre. Cambiamos para que todo siga igual.