¿Un parche militar para tapar la corrupción? Una exploración al militarismo anticorrupción

Desde 2006, numerosas actividades que previamente pertenecían a las instituciones civiles han pasado a ser parte de la jurisdicción militar, tal como lo muestra el Inventario Nacional de lo Militarizado1. El primer gran paso en este proceso fue la guerra contra las drogas. Por ello, su principal justificación ha sido la de “garantizar la seguridad”2. No obstante, las facultades militares también han aumentado en otras áreas desde entonces. En particular, las fuerzas armadas han participado en la construcción y administración de obras de infraestructura bajo el argumento de que de esta manera se va a “limpiar de corrupción todo lo que es la ingeniería civil mexicana”3.

Ante el presente proceso de militarización hay múltiples preocupaciones sobre las relaciones político-militares y la estabilidad de la democracia. Entre ellas, una de las más grandes es que “la presencia reiterada, extendida y creciente de las Fuerzas Armadas [puede] conducirnos al militarismo, a la supremacía de la escala de valores castrenses o, por lo menos, a su aceptación por parte de la sociedad". En el peor de los casos, esto podría implicar un riesgo para la estabilidad de la democracia. Ante esta cuestión, este capítulo analiza el vínculo entre combate a la corrupción y militarización a partir de los últimos resultados de la Encuesta MCCI-Reforma 2023. En concreto, este texto muestra que hasta el momento las crecientes actitudes antidemocráticas no han estado relacionadas con el militarismo anticorrupción; sin embargo, estas actitudes se han expandido incluso entre los que perciben mucho o algo de corrupción en las fuerzas armadas.

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La lógica subyacente a la creciente participación de los militares en las actividades civiles bajo el pretexto de la corrupción supone que la poca percepción de corrupción del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional puede ser trasladada a otras áreas del gobierno cuando se otorga el control a estas instituciones. Como confirma la Encuesta de MCCI-Reforma 2023, las instituciones militares son tres de las cuatro con menor percepción de corrupción en 2023. Por ello, es entendible que resulte tentador para los gobiernos civiles tratar de migrar la percepción de poca corrupción de una institución a otra sin tener que llevar a cabo una verdadera política anticorrupción. Como señala Rut Diamint, “hoy, las fuerzas armadas han regresado a la esfera política como aliados —y a menudo como instituciones sustitutas— de los gobiernos electos de América Latina”5.

Con la intención de atender la inmediatez, ya sea la inseguridad o la corrupción, los gobiernos de México han optado por ignorar los peligros de inmiscuir crecientemente a las fuerzas armadas. En términos generales, estos fenómenos “tienen el potencial para ‘ahuecar’ a los regímenes democráticos desde dentro, a través de la expansión gradual de los presupuestos, funciones y autonomía de las instituciones coercitivas que participan en ellos”6. Las instituciones militares ganan facultades a costa de las atribuciones civiles, en tanto que desatienden efectivamente sus funciones. Esto, a su vez, les deja en una peor posición para afrontar sus tareas.

En el mediano plazo, el fortalecimiento de las fuerzas armadas a costa de los organismos civiles puede convertirse en un ciclo en que los gobiernos se vuelven cada vez más dependientes de los militares. Y ellos más influyentes en el gobierno. Algo muy parecido pasa en el combate a la corrupción. Cuando no se fortalecen los mecanismos anticorrupción en los organismos públicos y sólo se opta por inmiscuir a los militares, la corrupción puede seguir ahí pero bajo el mando castrense. En el largo plazo, el gran peligro es que este proceso puede poner en entredicho la subordinación militar y la democracia.

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Para evaluar la postura de la ciudadanía frente a la política de involucrar militares en las obras públicas de infraestructura, la Encuesta MCCI-Reforma 2023 preguntó por segundo año consecutivo cuál será el efecto en la corrupción de incluir a los militares en la construcción y administración de obras de infraestructura. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la mitad de la población considera que esta acción ha disminuido la corrupción, mientras un cuarto de la población considera que esta participación ha aumentado la corrupción y el último cuarto considera que ha seguido igual. Comparado con el año anterior, estas percepciones se han vuelto más extremas: las personas que consideran que estas acciones han disminuido la corrupción incrementaron 9 puntos porcentuales, mientras las personas que consideran que la han aumentado creció 5 puntos porcentuales.

En sí mismo, el hecho de que las personas consideren que el Ejército puede disminuir la corrupción en las obras públicas no es algo negativo. Hay varias razones por lo que las personas pueden coincidir con esta aseveración sin que eso sea una preocupación democrática. Sin embargo, sí puede ser preocupante la rapidez con la que ha sucedido este incremento. Al cruzar la corrupción en obras públicas con la percepción de la corrupción de la misma institución, podemos observar que el mayor aumento se dio entre los que consideran que hay mucho o algo de corrupción. Esto implica que este aumento no se explica por la propia percepción positiva de las fuerzas armadas, sino porque en comparación se perciben menos corruptas que las respectivas instituciones civiles. Este hallazgo parece profundizar un patrón de percepción de debilitamiento de las capacidades civiles.

Ahora bien, todo lo anterior refuerza la duda sobre la estabilidad democrática. Ante ello, la Encuesta MCCI-Reforma 2023 nos permite monitorear este fenómeno. Este año se preguntó "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático". Ante ello, el 27% considera que un gobierno autoritario podría ser preferible. Esto coincide con el 33% de personas que respondieron lo mismo en la edición de 2023 del Latinobarómetro7. Esto es preocupante porque significa que casi un tercio de la población está dispuesto a aceptar un gobierno autoritario. Además, si se comparan los datos de 2018 de la misma encuesta, esta población ha aumentado 21 puntos porcentuales.

A partir de la pregunta sobre la aceptación del autoritarismo es posible explorar su relación con las opiniones a favor de la intervención militar en tareas de infraestructura y las opiniones antidemocráticas. Hipotéticamente, si estas ideas están correlacionadas, la proporción de opiniones que consideran que la participación militar disminuye la corrupción sería mayor entre las personas que podrían aceptar un gobierno autoritario.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, este fenómeno no parece haber ocurrido hasta el momento. Aun cuando hay una mayor proporción de personas que consideran que la participación del ejército disminuiría la corrupción entre las personas que están de acuerdo con un gobierno autoritario, la diferencia es de apenas 4 puntos porcentuales. Si hubiera una correlación perfecta, la diferencia sería de 100%, por lo que el nivel de asociación entre estas ideas aún es bajo. En cualquier caso, es importante seguir monitoreando la relación entre estas ideas y continuar explorando el vínculo con otras expresiones del militarismo.

A partir de todo lo anterior, la encuesta nos deja resultados ambivalentes respecto a la militarización y el militarismo anticorrupción. Por un lado, se tiene optimismo respecto a los resultados de la participación militar en obras públicas, pero esto cada vez más es resultado de la desconfianza a las instituciones civiles. Por el otro, no se percibe una relación directa entre militarismo anticorrupción y autoritarismo, pero por sí mismo la aceptación del autoritarismo ha aumentado en los últimos cinco años. En conclusión, si queremos hacer algo en contra de la corrupción, no es suficiente usar un parche color oliva. Es decir, la militarización no es un buen sustituto de una necesaria política anticorrupción.

Fuentes

Calderón, Felipe. “Discurso completo en el auditorio”, el 1 de diciembre de 2006.

Cossío Díaz, José Ramón. “México: ¿militarización o militarismo?” Gatopardo (blog), el 16 de febrero de 2021. https://gatopardo.com/opinion/jose-ramon-cossio-mexico-militarizacion-o-militarismo/.

Diamint, Rut. “A New Militarism in Latin America”. Journal of Democracy 26, núm. 4 (2015): 155–68. https://doi.org/10.1353/jod.2015.0066.

Latinobarómetro. “Informe 2023: la recesión democrática de América Latina”. Santiago, Chile: Latinobarómetro, 21 de julio. https://www.latinobarometro.org.

López Obrador, Andrés Manuel. “Versión estenográfica. Conclusión de obra del Banco del Bienestar”. gob.mx, el 5 de febrero de 2022. http://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conclusion-de-obra-del-banco-del-bienestar-294097?idiom=es.

Velázquez, Sara, Estefanía Álvarez, Catalina Pérez Correa, y Alejandro Madrazo. Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización en México. Aguascalientes, México: CIDE | PPD | MUCD, 2021. https://ppdata.politicadedrogas.org/PPD/INM/files/INM-Report.pdf.

Zaverucha, Jorge. “Fragile Democracy and the Militarization of Public Safety in Brazil”. Latin American Perspectives 27, núm. 3 (el 1 de mayo de 2000): 8–31. https://doi.org/10.1177/0094582X0002700302.