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La Estafa Verde de Manuel Velasco

Una investigación de MCCI documentó pagos del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas por al menos 170 millones de pesos a empresas fantasma y su uso para fines electorales. Antes MCCI había dado a conocer un desvío de 566 millones en 2021 y una investigación de Animal Político detectó mil millones más en 2022. Esto suma 2420 millones de pesos documentados como desviados.

Entre las empresas fantasma que recibieron recursos del gobierno de Chiapas hay dos que también participaron en el desvío de la Estafa Maestra durante la gestión de Enrique Peña Nieto en el gobierno federal. Velasco participó como “corcholata” para ser candidato de la coalición oficialista a la Presidencia.

Precampaña ilegal de Morena y sus aliados

Morena inició en junio una convocatoria para seleccionar, mediante una encuesta nacional, a la persona coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación. Este cargo fue un eufemismo para la candidatura a la Presidencia con el objetivo de burlar la ley electoral que exigía que el proceso interno debía iniciar hasta noviembre. No obstante, las autoridades electorales —el INE y el Tribunal Electoral— autorizaron estas campañas con la condición de que no hicieran llamados al voto, no promovieran una plataforma electoral ni hicieran promesas. En septiembre concluyó el proceso y ganó Claudia Sheinbaum. Antes de que Sheinbaum dejara su cargo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezaba la lista de denuncias por actos anticipados de campaña, con 137 expedientes abiertos.

A finales de noviembre, el INE detectó que los candidatos de Morena, PVEM y PT gastaron 60 millones de pesos adicionales a los reportados. Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum fueron los que más gastos no reportados tuvieron: 23 y 16 millones, respectivamente. El Instituto contabilizó espectaculares, bardas, propaganda en redes sociales y eventos organizados. Originalmente, el INE planteó multar a Morena y a sus aliados con más de 105 millones de pesos; sin embargo, al cierre de este recuento, el INE definió establecer una sanción por 86 millones.