En marzo de 2023 se dio a conocer que la Sedena reconoció ante la ASF que había contratado a la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del software espía Pegasus. Según documentos filtrados en los #GuacamayaLeaks, esta información fue utilizada por el Centro Militar de Inteligencia, una institución cuya existencia ha sido negada por la Sedena y el presidente.
Citizen Lab reveló en 2022 que los celulares de dos periodistas, un activista y un diputado de oposición fueron infectados. En marzo de 2023, Animal Político confirmó que tanto el titular y tres funcionarios del Instituto Federal de Defensoría Pública fueron espiados en 2021. En abril de 2023, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que sus celulares fueron intervenidos. En mayo, el periódico The New York Times dio a conocer que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue espiado. En junio, The Washington Post reveló que Camilo Vicente Ovalle, coordinador de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, también fue espiado.
Durante 2023, se documentaron al menos diez casos de espionaje por parte del Ejército. En todos ellos eran personas que investigaban irregularidades de los militares. Tanto el presidente López Obrador como la Sedena han negado sistemáticamente el espionaje y descalificado a los medios que lo documentaron.
Desde septiembre de 2020 se denunciaron públicamente irregularidades en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP). Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto y señaló corrupción y robos en la institución; en una entrevista con Proceso dijo que López Obrador le pidió conseguir 2000 millones de pesos después de que el INDEP no pudo cobrar un cheque por esa misma cantidad entregado por la Fiscalía General de la República por premios de la rifa del avión presidencial.
El 23 de marzo de 2023 se reveló que quince trabajadores del INDEP denunciaron a un mando directivo, José Ángel Anzurez Galicia, por cobrarles 30 % de su salario para dejarlos trabajar ahí. Al día siguiente, el instituto dio a conocer la renuncia de Anzurez.
En octubre, Ernesto Prieto dejó la dirección del INDEP para buscar, sin éxito, ser candidato de Morena en Guanajuato. En su lugar, el presidente López Obrador nombró a Alberto Becerra, quién formaba parte de su ayudantía presidencial. Como documentó MCCI, Becerra es amigo cercano del hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, y antes de 2018 no contaba con experiencia en el servicio público. Hasta octubre de 2023, 27 exintegrantes de la ayudantía presidencial habían obtenido otros cargos en el gobierno federal o en gobiernos locales, sin contar con la experiencia necesaria.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la asociación Que Siga la Democracia usó las firmas de 14 957 personas fallecidas para la consulta de revocación de mandato de 2022. Además, le impuso una sanción de medio millón de pesos.
Que Siga la Democracia respondió que el INE no había probado el uso de firmas de personas fallecidas e impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En agosto, el Tribunal confirmó la resolución del INE y la multa; sin embargo, también avaló su registro como agrupación política nacional. En diciembre, Morena presentó ante el INE un acuerdo de participación con Que Siga la Democracia y tres agrupaciones políticas más para el proceso electoral de 2024.
Un incendio en un centro de detención ilegal de Ciudad Juárez provocó la muerte de al menos 39 personas migrantes. Un video de las cámaras de seguridad muestra a un guardia y dos funcionarios que huyen y dejan encerrados a decenas de personas migrantes. El gobierno argumentó que el guardia, trabajador de una empresa privada, se había llevado las llaves de las celdas. Estos hechos provocaron que se inhabilitara a la empresa que proveía de seguridad al centro migratorio y además se dio a conocer que operaba con irregularidades. En abril, un juez vinculó a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Garduño sigue su proceso en libertad y permanece al frente del INM. Los entonces titulares de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, negaron cualquier responsabilidad a pesar de que el INM está legalmente adscrito a la primera y sus labores fueron encargadas por el presidente a la segunda, respectivamente.
CRÉDITOS
Anuario de la corrupción
