OCTUBRE
En 2023, se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En una entrevista Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, denunció que se realizaron reuniones entre el fiscal Gertz Manero, el subsecretario Encinas y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Záldivar. En estas reuniones, tomaron la “decisión de Estado” de cancelar las órdenes de aprehensión contra dieciséis militares involucrados y acelerar la judicialización contra otros funcionarios, como el exprocurador Murillo Karam. Antes de su partida, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final, en el que documentó que los militares seguían negando entregar información y documentos específicos de manera deliberada. El presidente defendió y exculpó a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad en el caso y dijo que él se hará cargo, personalmente, de la investigación.
De acuerdo con una investigación de Animal Político y con información del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), los gobiernos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo gastaron 997 millones de pesos con la promesa de construir diez hospitales en zonas marginadas del Estado de México. Hasta el momento, todos continúan en obra negra, aun cuando empezaron su construcción desde 2012. Hasta la salida de Alfredo del Mazo en 2023, el gobierno del estado continuó pagando por la construcción de algunos hospitales incluso cuando la obra ya llevaba años abandonada.
Los diez hospitales que debían ser construidos se otorgaron a empresas cuyos socios o integrantes son cercanos a exfuncionarios o ellos mismos fueron funcionarios. Las empresas descubiertas en esta red también comparten socios y representantes legales entre ellas y han sido recién creadas o incluso se encuentran sancionadas por incumplirle al ISSSTE. Algunas continúan recibiendo contratos con el gobierno federal.
En octubre, El País eveló que por lo menos seis instituciones de gobierno participaron en una estafa Ponzi para tomar ilegalmente recursos públicos y llevarlos a inversiones de muy alto riesgo que eran pagadas con otras inversiones obtenidas de nuevos fondos de gobierno. Este esquema estuvo organizado a través de dos empresas fachada, Corafi y Escorfi; inició desde la administración de Peña Nieto y siguió vigente, al menos, hasta 2022, sumando más de 6000 millones de pesos. En este esquema estuvo involucrado Segalmex cuando René Gávira era responsable de sus finanzas; también participaron empresas vinculadas a la Estafa Maestra y a la Operación Safiro.
Igualmente estuvieron involucrados el Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
CRÉDITOS
Anuario de la corrupción
