DICIEMBRE
En diciembre comenzó el juicio por el caso de espionaje contra Carmen Aristegui con el software Pegasus. Un testigo protegido declaró que el gobierno de Peña Nieto también espió a empresarios mexicanos como Carlos Slim y Germán Larrea por instrucciones del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Una investigación de Tojil documentó que dos altos funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen vínculos con una red de 84 empresas irregulares que han recibido más 3300 millones de pesos en contratos con el sector salud y las Fuerzas Armadas. Estas empresas comparten socios, apoderados, administradores, domicilios o cuentan con transacciones financieras entre sí. Nueve han sido declaradas como fantasma, dos no tienen un domicilio identificable, dos están inhabilitadas y veintiocho tienen operaciones con Interacción Biomédica, la empresa fantasma con más contratos en el sector salud y que fue denunciada por MCCI desde abril de 2019.
El 6 de diciembre, la Fiscalía General de la República anunció que René Gavira había sido detenido en Estados Unidos. Gavira fue director de Administración y Finanzas de Segalmex, bajo las órdenes de Ignacio Ovalle, cuando fueron desviados más de 15 000 millones de pesos. El hijo de Gavira recibió un departamento de lujo en San Antonio, Texas, por parte de la hermana del dueño de una empresa proveedora de Segalmex que recibió 7000 millones de pesos en contratos a pesar de no cumplir con los requisitos para obtener contratos.
En febrero, MCCI dio a conocer que Roberto Antonio del Valle, un cercano colaborador de Ovalle, dejó Segalmex para convertirse en asesor del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Este año la fiscalía obtuvo veintidós órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en este caso y logró detener a ocho. Además, en junio fue detenido otro exdirector de Segalmex en Argentina, Manuel Lozano. El exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, continúa como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación.
Durante el año, se registraron también casos a nivel internacional que involucraron a Segalmex. En mayo, El País reportó que en Polonia se vendían pilas con los logotipos de Segalmex. La paraestatal y la empresa proveedora están en una disputa legal sobre el nivel de incumplimiento del contrato que puede explicar la existencia de estas baterías.
Una investigación de MCCI exhibió un caso más de beneficio para los amigos de Andrés López Beltrán. Más de 490 millones de pesos, provenientes del Insabi, terminaron en las cuentas de una empresa que incumplía con la regulación sanitaria y que es propiedad de otra de las amistades del hijo del presidente. El mismo día, Latinus mostró evidencias de que en diciembre de 2022, la misma empresa recibió un contrato por 300 millones de pesos por el gobierno de Quintana Roo para entregar medicamentos y materiales de curación, a pesar de estar boletinada y de tener su domicilio en una tienda de pisos y azulejos.
Días más tarde, se documentó que el 7 de diciembre de 2018 esta misma persona compró, por apenas un millón de pesos, un terreno de 18 hectáreas a 6 kilómetros de la refinería de Dos Bocas. Apenas seis días después, el presidente colocó la primera piedra de la refinería. Actualmente, el terreno es rentado por una de las principales contratistas de la construcción de la refinería. Terrenos con la mitad de extensión en la misma zona se venden hasta en 120 millones de pesos.
CRÉDITOS
Anuario de la corrupción
